Según ARBA, hay unas 50.000 viviendas que no tributan lo que deben por demoras burocráticas o maniobras dilatorias de los desarrolladores.
La magnitud sorprende: se trata de 500 countries, barrios cerrados y clubes de campo que no están «dados de alta» (no cuentan con la factibilidad) ante ARBA , la agencia de recaudación bonaerense que conduce Gastón Fossati. Algunos porque efectivamente están en obras, pero la mayoría por demoras burocráticas del Estado o maniobras dilatorias de los desarrolladores.
Es la mitad de los mil countries que existen en la provincia. En ese sentido, ARBA estima que, en total, unas 50.000 viviendas de estos emprendimientos privados tributan menos por esta situación irregular. Hay casos extremos: urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace una década o más y continúan figurando como terrenos rurales o baldíos.
«Las propiedades de los countries que no tienen el final de obra continúan tributando con la categoría que tenían antes de desarrollarse la urbanización: la mayoría aparece como terrenos rurales y no con el valor de la parcela que ARBA asigna a cada country. Eso no sólo significa una desigualdad frente a los contribuyentes de otras urbanizaciones privadas que sí tienen la factibilidad, sino sobre todo un perjuicio para el Estado y los bonaerenses», afirmaron fuentes del gobierno de María Eugenia Vidal .
El valor de cada parcela de los countries y clubes de campo es más alto que el de otros inmuebles urbanos y rurales porque incluye, en distintas proporciones, las cuotas correspondientes a los predios comunes dentro de esas urbanizaciones, como parques, piscinas o canchas de golf.
A modo de ejemplo, desde ARBA señalaron un country del sudoeste del conurbano que no tiene el «alta» oficial y tributa 2,9 millones de pesos por año en impuesto inmobiliario. Si estuviera categorizado como edificación urbana, debería pagar 6,5 millones de pesos. «Pero si estuviera dado de alta como country debería tributar al estado diez veces más: 28 millones de pesos al año», indicaron.
Para remediar esta situación, la gobernación bonaerense apura un proyecto de ley que modifica la metodología evaluatoria de ARBA frente a los countries. «La modificación normativa que impulsamos busca sincerar la situación de los nuevos emprendimientos urbanísticos para otorgarle mayor equidad y progresividad al sistema tributario», señaló Fossati a LA NACION.
«Independientemente del avance del trámite burocrático para obtener la factibilidad del country, que muchas veces demora el propio Estado, este proyecto permite que ARBA pueda determinar el avance real de obra en cada urbanización con sólo una inspección ocular», agregó Marcelo Daletto (Cambiemos), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y firmante del proyecto.
A partir de esa inspección, ARBA podrá determinar el avance de las obras comunes e individuales de cada barrio privado y asignar un valor de referencia para la parcela prototípica de cada emprendimiento: del 25%, 50% o 75% sobre el valor final, según el caso.
Ayer, los funcionarios de ARBA explicaron los alcances del proyecto a los diputados de la Comisión de Presupuesto, y la recepción fue buena en la oposición: desde el massismo hasta el kirchnerismo vieron con buenos ojos la iniciativa.
Sobre esa base, el oficialismo espera que el proyecto avance y logre la aprobación de Diputados en la última semana de este mes. En el Senado, Cambiemos tienen amplia mayoría para convertirlo en ley apenas se cumpla el trámite anterior.
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