Un manantial de ‘filtraciones’ de datos sueltos comienzan a alimentar el cauce que ha adquirido la investigación por el escándalo de espionaje ilegal a políticos que se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora. Visitas de los espías (según registro oficial) al despacho del exsecretario general de presidencia Fernando de Andreis -de familiar cercanía con Mauricio Macri-, reuniones en el Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich, nombres repetidos en el personal que utilizó el juez Claudio Bonadio para operativos en la causa Hotesur y ‘confesiones’ de exagentes ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. En lo concreto, lo primero en activarse fue el Servicio Penitenciario Federal, luego de que Federico Villena comprobara la instalación de micrófonos en celdas y salas para espionaje a detenidos de ‘interés’. Ámbito confirmó que la interventora María Laura Garrigós ordenó sumarios administrativos para todo el personal de la denominada ‘Área 50’ -sector del SPF dedicado a inteligencia- y desplazó a todos los jefes ante su presunta vinculación con la trama de inteligencia ilegal y su capítulo carcelario. El siguiente paso será una auditoría. La logística que implicó el ‘cableado’ debe haber dejado huella.
La decisión de Garrigós impacta en las 350 personas que estaban asignadas al ‘Área 50’, un sector que había engordado de personal por encima de las necesidades operativas. Para la cúpula y los jerárquicos el sumario llegó acompañado por una suspensión hasta que se aclaren responsabilidades. En ese marco, hubo un nuevo procedimiento en la cárcel de Ezeiza ligado a la causa de Lomas.
El abogado-agente Facundo Melo cumplió con las expectativas y ante los legisladores de la Bicameral se despachó detallando aspectos relativos al espionaje al cuñado de Macri, Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri) y del periodista Carlos Pagni y del directivo de La Nación Julio Saguier. Fue 24 horas después de que concurriera al juzgado de Lomas Hugo Alconada Mon, también víctima de seguimientos y fotografías clandestinas por parte de la AFI. Sorprendió todavía como organizaciones ligadas a la libertad de expresión como FOPEA que defendieron a Daniel Santoro en la causa donde se lo acusa de estar ligado a una banda que extorsionaba con informes de inteligencia dejaran pasar la oportunidad de repudiar semejante intromisión ilegal.
Melo le puso pimienta a su declaración: sostuvo que Silvia Majdalanipidió que no ratificara la denuncia contra el exdirector de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz -alias ‘ojeeem’- en el juzgado de Ariel Lijo. En una continuidad a lo que había declarado Leandro Araque la semana pasada, apuntó que los seguimientos también estuvieron dirigidos hacia el ahora fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y su familia para chequear domicilios. Se desligó del simulacro de atentado al exAFI José Luis Vila y sostuvo que Ruiz lo expulsó cuando se negó a hacer un seguimiento a Hugo Moyano. Alegó una relación con el abogado del camionero Daniel Llermanos. Esa historia está en desarrollo en Lomas. Melo y Araque luchan por su libertad, aspecto que debe ser tenido en cuenta para comprender que también están dispuestos a hablar lo que sea necesario, y a ayudar para que Comodoro Py traccione la causa de Lomas hacia su territorio. Así se entiende que Melo haya negado haber reclutado al narco Sergio ‘Verdura’ Rodríguez para el operativo a Vila. Es el hilo que permitió a Villena alcanzar el resto de la trama.
Por lo pronto entre las 11 y la 12.30, Pablo y Hugo Moyano concurrirán al juzgado de Villena para ser notificados de las pruebas de espionaje en su contra y puedan ser querellantes. Al día siguiente lo harán Emilio Monzó y Nicolás Massot. Si ambos dirigentes de Cambiemos unifican abogado querellante será una mala noticia para el expresidente. Un detalle sugestivo ocurrió ayer en Lomas: a las 18 se cortó la luz en el juzgado de Villena. En realidad, en toda la manzana. Solo en esa.
