18 de agosto, 2017

Suspendieron a la empresa de seguridad privada de La Salada

El gobierno bonaerense detectó varios incumplimientos administrativos. Sus integrantes están sospechados de haber torturado a "mecheras" y pungas

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, suspendió por 90 días a la empresa de seguridad privada Vae-Soli, encargada de custodiar las tres ferias que operan en La Salada.

 

Según la resolución, la compañía «no ha registrado la nómina del personal de controladores» ni ha cumplido con otras obligaciones administrativas, pese a las intimaciones cursadas desde noviembre de 2012.

 

Los conocedores de «La Salada» denunciaron que bajo la fachada de esta empresa de seguridad privada, los administradores del predio habían montado una suerte de policía paralela para asegurar el éxito de los negocios que allí se realizaban a diario.

 

Sobre los integrantes de esta fuerza pesan denuncias gravísimas por torturas a «mecheras» y pungas. Mirian Irala, una ex integrante de esta policía paralela que realizó una denuncia judicial, aseguró que recibían  entrenamiento militar para garantizar que no hubiera desorden en el predio.

 

Contó, por ejemplo, que los obligaban a «pegarles con la tonfa en los tobillos, en los muslos y en las costillas» a las mecheras. «A los pungas, les poníamos la mano sobre una mesa y le pegábamos con una taza de café en los dedos; salían destrozados», repasó.

 

No sólo detenían ilegalmente a personas, sino que también le ponían precintos en las manos, las trasladaban a una especie cajón que llamaban «la jefatura», los desnudaban y les pegaban durante 12 horas. Además, interrogaban a sus prisioneros y le sustraían todas sus pertenencias.

 

La suspensión de la empresa de seguridad de La Salada forma parte de la avanzada del gobierno bonaerense sobre las ilegalidades que se cometían en la feria de Lomas de Zamora, una de las importantes de América Latina, que se había transformado en un caldo de cultivo para el delito.

 

Enrique Antequera, Jorge Castillo, líderes de las bandas que controlan el predio, y sus socios, están detenidos. Todos los detenidos están imputados por los delitos de asociación ilícita (con una recaudación diaria de alrededor de $600 mil), coacciones agravadas, extorsión y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos.