23 de febrero, 2018

Solicitan embargo sobre los bienes de Echegaray y Cristóbal López

El pedido fue del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por la evasión de más de $8.000 millones de la empresa Oil Combustibles.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el embargo de bienes del titular del grupo Indalo, Cristóbal López, de su socio, Fabián de Sousa, y del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

 

El pedido se realizó en el marco de la causa en la que todos están procesados por defraudación al Estado tras la deuda que Oil Combustibles SA, que llegó a sumar 8 mil millones de pesos, tiene con el ente recaudador.

 

 

Cabe consignar que en esa causa, el juez Julián Ercolini les dictó un embargo de 17.042.509.692 de pesos.

 

 

El fiscal Pollicita pidió concretar los embargos sobre 70 inmuebles, 1266 vehículos y maquinarias y cuatro embarcaciones que están a nombre de los empresarios detenidos, de sus empresas y de Echegaray.

 

 

El objetivo de la medida es asegurar los bienes ante un eventual decomiso que pueda darse en caso de que los acusados sean condenados en un juicio oral.

 

 

En concreto, se pretende evitar que sobre los activos «se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que con su cautela se pretende salvaguardar».

 

 

«Habré de solicitar que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables de titularidad de los procesados Echegaray, López y De Sousa, y también de los bienes muebles registrables de tipo suntuoso de las empresas de los dos últimos», explicó el fiscal.

 

 

Los activos sobre los que se pidieron los embargos son 70 inmuebles, 1266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves y las participaciones accionarias directas de López y De Sousa en cinco sociedades del Grupo Indalo.

 

En el caso de Echagaray, se pidió embargar su casa de Tigre, pero el ex jefe de la AFIP la puso como bien de familia para ponerla a salvo de una acción judicial de este tipo. El fiscal pretende impedirlo.

 

 

La Cámara Federal tiene que resolver si confirma los procesamientos. Si eso ocurre, la causa quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral.

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