De los 2,28 millones de personas que votaron -el 43% del censo electoral-, el 90,18% dijeron que quieren independizarse de España
Consultado por el riesgo de una división territorial del país, Rajoy dijo en una entrevista publicada por Die Welt: «Desde luego que no. España no se dividirá y la unidad nacional se preservará. Haremos todo lo que la legislación nos permite para garantizarlo«.
Estas declaraciones son similares a las realizadas el fin de semana en una entrevista con el diario español El País, en la que no descartó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para situaciones de emergencia, que podría llevar incluso a la disolución del parlamento regional y a la convocatoria de elecciones autonómicas.
Está previsto que el presidente catalán, Carles Puigdemont, comparezca el martes en el parlamento para abordar «la situación política» en la región, en una sesión en la que podría producirse una declaración unilateral de independencia.
En víspera de la sección parlamentaria en la que Puigdemont, analizará los resultados del referendo de secesión del pasado domingo y, previsiblemente, pedirá que se apliquen sus resultados a través de una declaración de independencia, el Ejecutivo central confirmó el mayor temor de muchos ciudadanos en Cataluña.
«Si Puigdemont declara unilateralmente la independencia eso no va a producir efectos y corresponderá al gobierno de España, a través del Senado, adoptar medidas«, dijo la «número dos» del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
Con estas palabras, la vicepresidenta del gobierno español despeja parcialmente una de las grandes incógnitas del momento, al revelar que la respuesta a una eventual Declaración Unilateral de Independencia (DUI) pasará por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía de una región, un trámite que requiere el visto bueno de la mayoría absoluta de la Cámara Alta.
«Nosotros trataremos de causar el menor daño posible, pero si declara unilateralmente la independencia habrá medidas para restaurar la ley y la democracia, porque esto va de democracia y allí en Cataluña sí hay mucha gente que ha dejado de respetar a quien no piensa igual», remarcó Sáenz de Santamaría en declaraciones a la radio Cope.
Según la vicepresidenta, el gobierno español tiene «trabajados todos los escenarios», porque el «fanatismo» de Puigdemont les ha hecho perder la esperanza de que «volvería a la cordura y la serenidad». A pesar de que los independentistas están siendo sometidos a fuertes presiones políticas y económicas, a través de la fuga de empresas, para que pongan freno a los planes de secesión, no hay ninguna señal de que Puigdemont vaya a dar marcha atrás.
De acuerdo con los datos definitivos del gobierno catalán, de los 2,28 millones de personas que votaron -el 43% del censo electoral-, el 90,18% dijeron que quieren independizarse de España.
Tras un fin de semana marcado por la movilización contra la secesión, que confirmó una fractura social en Cataluña en torno a la cuestión independentista, siguen emergiendo con fuerza las voces que reclaman diálogo y negociación para evitar las consecuencias impredecibles que derivarán de un choque frontal a través de una DUI y la aplicación del 155.
La suspensión del autogobierno de Cataluña es una medida que en el imaginario colectivo supone un ataque al principal símbolo político de la recuperación de la democracia tras la dictadura franquista, de ahí que no se puede prever cuál será la reacción política y social.
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