En febrero, en el marco del programa Precios Cuidados, se había acordado una suba del 3,35% todos los meses, pero al aceleración de la inflación obligó a hacer una ajuste mayor.
Según informó el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiario, esta medida «se suma a otras políticas de Gobierno que tienden a recuperar la normalidad de roles y responsabilidades dentro de las instituciones».
La Resolución N° 7 de la DGCyC, del 16 de enero pasado, establece que no se podrán utilizar «los edificios escolares, durante los días inhábiles, feriados y recesos escolares» para actividades político-partidarias. Pero tampoco se destinarán a eventos con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución nacional y la Carta Magna bonaerense. Tampoco se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y la realización de juegos de azar, según dispone expresamente la reglamentación.
La medida impide, por ejemplo, que agrupaciones políticas secundarias utilicen el predio de las escuelas para jornadas de debate o para asambleas internas. No se podrán organizar bingos, ni torneos de truco en vacaciones para recolectar fondos para la cooperadora, ni concursos o sorteos en los bailes de egresados. Está en duda si los alumnos podrían asistir a una actividad de cualquier tipo con remeras, mochilas o banderas con signos políticos. No está claro si la prohibición afecta a todo el predio de una escuela, incluidos patios y gimnasios, o solo a los sectores donde están las aulas. Asimismo, surgen inquietudes por los centros de formación de origen sindical, donde se dictan clases, pero también habitualmente se juntan dirigentes políticos.
«La escuela debe volver a ser un lugar sagrado, donde toda la comunidad educativa se sienta resguardada y protegida. En definitiva, debe ser un ámbito de respeto para todos los que allí enseñan y estudian y un espacio idóneo para un buen proceso de aprendizaje y crecimiento», justificó el ministro de Educación de Vidal.
Finocchiaro aseguró que la norma no afectará la actividad de los centros de estudiantes, aunque exigió que los actos organizados fuera del calendario escolar tengan presencia de todas las corrientes políticas. «La escuela debe ser el espacio de la pluralidad y no de voces sesgadas. Tiene que ser un lugar de todos y hay que evitar, dentro de ella, la sectorización de la sociedad», sostuvo el director, según reprodujeron en el sitio oficial del Ministerio www.abc.gob.ar
«Es importante aclarar que se podrán realizar reuniones para reflexionar y tratar problemáticas políticas en sentido amplio, con representación de diferentes voces», subrayó. «Se puede citar como ejemplo el caso de una escuela de Alberti, en la que se concretó el debate entre los candidatos a intendente; pero no se admitirá que se exprese una fracción en desmedro de las otras, ni que se tiña o embandere una escuela con las insignias de una sola de ellas», completó.
«Se puede debatir sobre ideas en las escuelas siempre y cuando estén representados todos los sectores; pero estará vedado cuando se quiera teñir el espacio de reflexión de un solo color político-partidario. Los partidos deben promover estas actividades en espacios concebidos para ese fin», aclaró el funcionario.
Desde la cartera ministerial remarcan que la medida se enmarca dentro de la normativa que dispone el empleo de la sede escolar fuera del horario de clases, como así también durante los feriados y días inhábiles para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias, y que en todo momento se busca «preservar a la escuela en su función pedagógica y a las actividades que en ella se desarrollan en correspondencia con el espíritu y los objetivos de los lineamientos curriculares».
Además, destacaron que la Resolución 7 no fue adoptada de manera aislada sino que integra una serie de iniciativas tendientes a la «normalización» del espacio escolar, como lo fue la modificación al Código de Faltas que introdujo un cambio en las penas para quienes agredan y/o agravien a docentes, en un esfuerzo por restaurar y devolver la autoridad al docente y el acompañamiento a su investidura.
En febrero, en el marco del programa Precios Cuidados, se había acordado una suba del 3,35% todos los meses, pero al aceleración de la inflación obligó a hacer una ajuste mayor.
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