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10 de octubre, 2017
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, se presentó ante el parlamento regional por primera vez desde el referendo ilegal del 1 de octubre.
En su discurso aseguró la consulta otorgó el mandato para «Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» pero propone suspenderlo para buscar un proceso de diálogo en el que Europa esté involucrada.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse con los brazos cruzados.
En español, afirmó que no tiene «nada contra España», pero apuntó que la relación es «insostenible», después de «años de agravios» por parte de las autoridades españolas.
Recordó que durante mucho tiempo reclamó un referéndum acordado como el celebrado en Escocia pero se siempre se encontró con «una negativa radical y absoluta» del Gobierno español.
Entre los agravios mencionó lo que considera «menosprecio» a la lengua y la cultura catalanas, la falta de inversiones y la decisión del Tribunal Constitucional en 2010 de recortar el Estatut (norma básica en Cataluña) que había sido aprobado en consulta popular unos años antes.
Puigdemont aseguró también que Cataluña «es un asunto europeo» y se comprometió a «desescalar la tensión» generada por ese referéndum.
En el referendo del 1 de octubre, marcado por la violencia policial para impedir el voto en determinados colegios, solo un 43% de los 5,3 millones de electores potenciales participaron, un 90% a favor de la secesión.
Tras la intervención del presidente de la Generalitat, Inés Arrimadas, diputada del partido Ciutadans,tomó la palabra y afirmó: «Esto es una crónica de un golpe anunciado». Según Arrimadas, Puigdemont expresa «el peor nacionalismo que hay en Europa». «Se han equivocado de siglo y de lugar», agregó con ironía.
Por su parte, el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, sentenció: «No se puede suspender la declaración que no ha hecho». Según Iceta, la jornada del 1-O fue «un acto de votación sin garantías», por lo que «no se puede desprender ningún mandato democrático» del referéndum.
Hasta el momento, el gobierno español no se pronunció oficialmente sobre la intervención del presidente catalán.
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