Así lo afirmó el titular del bloque de senadores del PJ luego de que 15 diputados firmaran la sorpresiva solicitud.
La clase política argentina se vio sorprendida este miércoles por el pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri impulsado por 15 legisladores del Frente para la Victoria-PJ. La solicitud, que sorpresivamente lleva la firma del sanjuanino José Luis Gioja, titular del PJ, es a raíz del cuestionado acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino.
Horas más tarde, Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de senadores del FpV-PJ, la bancada opositora mayoritaria y hombre clave en la Cámara alta, descartó de plano el pedido de juicio político contra Macri y lo consideró «una medida extrema».
«El recurso de un juicio político tiene que tener hechos de una envergadura de alta gravedad», remarcó Pichetto en diálogo con Radio Mitre. Además, recordó que esta tarde el tema del Correo fue tratado en el Congreso por la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que decidió solicitar un pedido de informes a la AGN.
Desde el Frente Renovador también dejaron en claro que no comparten la iniciativa de los diputados kirchneristas: «Es claro que hay dos oposiciones.Los que a raíz de sus numerosas causas penales quieren llevarse puesto el gobierno y quienes queremos ponerle límites y controlarlo», expresó Graciela Camaño en diálogo con Infobae.
«Nosotros somos una oposición constructiva que quiere ponerle límites al gobierno y controlarlo. No formamos parte de quienes quieren llevarse puestas a las instituciones. Los argentinos necesitan de una clase dirigente responsable y constructiva», completó.
Concretamente los legisladores kirchneristas, encabezados por el entrerriano Julio Solanas, aseguran que la conducta de Macri, como la del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se encuadra en «al menos dos delitos»: «Fraude en perjuicio de la administración pública» y «negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas».
En los fundamentos del proyecto, los legisladores denuncian un «perjuicio fiscal que afectaría gravemente al patrimonio estatal» a la luz del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, quien advirtió sobre un acuerdo «abusivo» que «equivale a una condonación» a favor de la empresa de la familia Macri.