Se complica el arranque del ciclo lectivo 2018 ante la falta de acuerdo por aumento salarial tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia. Las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal no variaron demasiado sus propuestas, las cuales fueron nuevamente rechazadas por los gremios.
El secretario adjunto de UTE, Guillermo Parodi, anunció que el gremio rechazó una nueva oferta expuesta por el gobierno porteño al argumentar que «sigue siendo de 12%, con la diferencia de que en lugar de tres cuotas, el pago será en dos».
«Los funcionarios quedaron en hacer una nueva convocatoria. Estamos dispuestos a reunirnos las veces que sea necesario», aseguró el gremialista, quien aseguró que la propuesta «está muy lejos de lo planteado por los maestros».
Además, se quejó de que la administración porteña «propuso una cláusula de revisión, en vez de gatillo». «Son 1.700 pesos de aumento a lo largo del año. Está lejos de un salario justo», criticó y ratificó, así, el paro anunciado para el 5 y 6 de marzo próximo.
Del otro lado de la avenida General Paz, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó en forma «categórica», a través de un comunicado, la propuesta de incorporar una cláusula de revisión inflacionaria, al señalar que el gobierno bonaerense la incumplió en 2016, en relación con la iniciativa planteada por el gobierno de María Eugenia Vidal en el marco de la tercera reunión paritaria.
El Gobierno bonaerense propuso a los docentes incluir en el aumento salarial del 15% una cláusula que permita revisar el acuerdo en octubre, en función de la inflación acumulada hasta ese mes.
En su tercera propuesta a los docentes, la gobernadora Vidal mantuvo la oferta de aumento salarial del 15%, más el reconocimiento anual por presentismo 2018 de hasta $ 6.000 por año, pero incluyó una cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre.
En ese mes, el Gobierno se comprometió a sentarse nuevamente a dialogar para ver si hay o no diferencias con la inflación que mide y difunde el INDEC, y se crearía una comisión que establezca los mecanismos de compensación -si fueran necesarios- antes del 31 de diciembre.