En el inicio de la segunda jornada del juicio oral por la tragedia de Once, la defensa del ex ministro de Planificación pidió la nulidad de las acusaciones que se le realizan. «No puede defenderse porque no se sabe de qué lo acusan», aseguró su abogado Maximiliano Rusconi.
«Hemos asistido a una calificación normativa que no puede ser sostenida de ningún modo y que demuestra por sí misma que no hay ningún delito que atribuir», agrega el comunicado, antes de que comience la audiencia.
«Hemos escuchado que se atribuye el delito de estrago culposo en coautoría cuando es virtualmente unánime la opinión que ve una imposibilidad jurídica en la atribución de un delito culposo, imprudente, en el rol de coautoría. La coautoría implica un plan común, una división de tareas, una decisión común, etc, extremos que no son compatibles con la figura utilizada», se aclara.
Además la defensa de Julio De vido señala que «lo mismo sucede al atribuir un delito de defraudación en el carácter de participe y con ello en un rol accesorio sin definir cuál habría sido el autor al cual el acusado habría dado su aporte«. Y concluye: «La nulidad entonces desemboca en la ausencia de acción en los acusadores por manifiesta inexistencia de delito en el acusado».
De Vido y Jorge Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), son juzgados por los delitos de descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento, agravado por el saldo de 52 muertos, personas lesionadas y por defraudación contra la administración pública.
Tras el inicio del juicio la semana pasada, este miércoles existe la posibilidad de que De Vido preste declaración indagatoria, aunque dependerá de cómo se desarrolle la audiencia y los planteos que se realicen.
El actual diputado nacional del Frente para la Victoria está acusado por «estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas», a raíz del choque de la formación del tren Sarmiento en la estación de Once en febrero de 2012.
Ya hubo un primer juicio en el que se determinó que el tren funcionaba en malas condiciones y que hubo malversación de los fondos que el Estado le daba a TBA para el mantenimiento del servicio. En ese primer juicio el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, a la pena única de seis años de prisión, y Juan Pablo Schiavi, a ocho años; a Sergio Cirigliano, dueño de TBA, a nueve años; a 17 ex directivos de esa compañía; y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren, a tres años y seis meses.
A pesar de que la mayoría de las condenas son de cumplimiento efectivo, el único que está preso es Jaime y por otras causas. El resto transcurre en libertad porque a casi dos años del veredicto la Cámara Federal de Casación Penal todavía no resolvió si confirma o revoca la sentencia del tribunal.