Que las cuentas de la provincia de Santa Cruz atraviesan un delicado estado financiero no es una novedad. El conflicto abierto entre la provincia que conduce Alicia Kirchner y los docentes patagónicos sumó un nuevo capítulo luego que el Gobierno decidió girarle a la administración K nada menos que $ 130 millones.
El desembolso de los fondos llegaron tras una reunión que la gobernadora Alicia Kirchner mantuvo en Buenos Aires, con el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y será destinado a cubrir el financiamiento de una deuda que el Estado provincial mantiene con los maestros.
La asistencia de la Casa Rosada proviene del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), en el marco del Programa de Convergencia Fiscal que la provincia firmó con el gobierno nacional, luego ratificado por la Legislatura de Santa Cruz.
El programa busca «optimizar la gestión y administración del Estado provincial» y al desarrollo de las provincias que lo firmaron «mediante esquemas tributarios que favorezcan el crecimiento sostenido de la actividad productiva y del empleo», señala la información suministrada por el Ministerio de Interior que conduce Rogelio Frigerio.
La provincia, a su vez asumió «la responsabilidad de implementar una política fiscal y un programa financiero que asegure el cumplimiento de las pautas establecidas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal». Además, se comprometió a suministrar «toda la información necesaria para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas».
Vale recordar que en mayo pasado la Casa Rosada selló un financiamiento por $ 750 millones para Santa Cruz. En esa oportunidad, el ministro de Finanzas Luis Caputo y la gobernadora Alicia Kirchner habían pactado un desembolso en tres tramos por $ 250 millones cada uno.
En Santa Cruz, los docentes iniciaron la semana anterior con paro, la prórroga del calendario escolar 2017 -para los alumnos que perdieron 115 días de clases-, en reclamo de paritarias, contra medidas dispuestas por las autoridades en el marco del conflicto y por porcentajes de salario adeudados de noviembre y diciembre.
Se trata de un 7% correspondiente a noviembre, un 8% a diciembre y proporcional de aguinaldo por esos conceptos, que el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a financiar en reuniones paritarias, para garantizar el dictado de clases.