Luego de que el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, rechazara públicamente la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas en la última dictadura militar y pusiera en duda la cifra de víctimas del terrorismo de Estado, la diputada Nilda Garré (FpV-PJ) presentó el último viernes un proyecto de ley para «la prevención y condena de la negación del genocidio y crímenes contra la humanidad».
La iniciativa implica una modificación al Código Penal y establece desde seis meses hasta dos años de prisión y multas desde 10 mil a 200 mil pesos para quien «públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad».
De acuerdo con el proyecto, cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público la pena será de uno a cuatro años de prisión y la «inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena».
«La Justicia argentina ha sido clara en cuanto a los alcances del terrorismo de Estado en nuestro país, definiendo a los hechos investigados en el marco Juicio a las Juntas, como un plan sistemático y ordenado. Asimismo, ha quedado delimitado el daño que la implementación de terror ha ocasionado en numerosas víctimas y en la sociedad en su conjunto», sostiene la legisladora en sus argumentos, según consigna el portal especializado Parlamentario.
Para Garré, «resulta indispensable impedir que reinterpretaciones u opiniones contrarias a las definiciones judiciales ganen terreno».
En el texto, la ex ministra de Seguridad del kirchnerismo recuerda que «en el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas». «Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina», dice.
Para respaldar su iniciativa, Garré cita ejemplos de países que implementaron normas similares, como Alemania, Grecia e Italia.
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