El banco sostenia que la beneficiaria había falseado la declaración jurada inserta en la solicitud del préstamo por ser propietaria de más de un inmueble.
Se trata de un fallo del Juzgado de Faltas Número 2 de la Municipalidad de La Plata con competencia en defensa del consumidor, a cargo de Dante Rusconi, quien resolvió un planteo iniciado en 2013.
Según el fallo, la mujer gestionó un préstamo Procrear en la sucursal de La Plata que fue aprobado por $ 400.000. La entidad le comunicó entonces la escribanía que intervendría y le ofreció un anticipo del 25%.
Luego de completar un formulario entregado por el banco, la clienta recibió en su cuenta $ 100.000 que inmediatamente destina al comienzo de la construcción, contratación de arquitectos y compra de materiales.
Sin embargo, con la obra en plena marcha, el Banco Hipotecario le envía una nota en la que le comunica que había falseado la declaración jurada inserta en la solicitud del préstamo por ser propietaria de más de un inmueble, con lo cual habría violado el supuesto requisito de «vivienda única» y la intimaba a devolver el anticipo recibido.
Según el fallo, la beneficiaria del préstamo se opuso a esa decisión ya que en ningún momento había ocultado tener el 50% de un bien ganancial producto de su divorcio. La demandante dijo haber consultado expresamente si ese era un impedimento para obtener el préstamo y que, si era así, estaba dispuesta a donárselo a sus hijos.
Rusconi entendió que el Banco Hipotecario incumplió varias de las cláusulas que establecían la forma en que debía desarrollarse la operación y sostuvo que las atribuciones que tenía para determinar el efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones y quién podía ser sujeto de crédito «le adjudican un rol determinante en la implementación y toma de decisiones en la ejecución del Procrear».
Por esto, tuvo como factores importantes a tener en cuenta para determinar la responsabilidad del banco la larga trayectoria de la entidad y la confianza que esto genera en los usuarios de sus servicios. Estos elementos, sostiene, le generan una «una agravada carga de diligencia y responsabilidad en virtud de la actividad que realiza y la confianza generada en los consumidores».
Además, para fijar el monto del daño a la beneficiaria atribuyó al banco una «conducta desaprensiva ya que además de los incumplimientos contractuales, derivó en la afectación de derechos humanos de la denunciante en virtud de su condición de mujer, divorciada, jubilada y madre de dos hijos».
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