El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este martes a los jueces de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti por haber votado a favor de la aplicación del 2×1 en el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. En una entrevista concedida al periodista Eduardo Feinman, por A24, el funcionario judicial explicó los motivos de su decisión.
«Entiendo que debe analizarse si el fallo que dictó la Corte Suprema en el tema de la aplicación del 2×1 para condenados por genocidio se pudo haber apartado de las normas vigentes. Y entiendo que eso pudo haber acontecido, porque desde mi punto de vista ese beneficio no es aplicable en esos supuestos», reflexionó Marijuán.
«Todos los magistrados de la Nación merecen el más absoluto de los respetos y lamentablemente me tocó a mí como fiscal esta evaluación y en este caso corresponde hacer un requerimiento e impulsar la acción penal», insistió.
Consultado sobre la figura del prevaricato que eligió para imputar a los ministros del máximo tribunal, Marijuán respondió: «El encuadre jurídico de las conductas lo deciden los jueces. Puede ser esa figura u otra. Eso va a ser materia de análisis. Todo lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo de la conducta debe sustentarse en pruebas. Ahora el juez debe decidir si hace lugar a algunas de las medidas que propuso».
No obstante, aclaró que no dará detalles al respecto. «Yo me reservo esas medidas de prueba, porque no corresponde que contemos públicamente el curso de la investigación», subrayó.
Aun así, Marijuán admitió que desconoce si hubo magistrados hallados culpables del delito de prevaricato por sus decisiones. «No conozco antecedentes. Por supuesto que ha habido muchas denuncias, algunas veces hechas por las partes que no están de acuerdo con un fallo y, en la mayoría de los casos, no prosperó», indicó.
Al fiscal también le preguntaron si cree que la aplicación del 2×1 en este caso podría contrariar el contrato social de los argentinos. «Eso es lo que expresé en el requerimiento y, en definitiva, son valoraciones que uno hace en este tipo de dictámenes. Me violenta muchísimo como a muchas personas. Considero, y así lo he expresado, que (con la decisión de la Corte) pueden violarse algunas normas del Código Penal al aplicar a los genocidas este tipo de beneficios que incluso a mí no me parece acertado para todo tipo de presos», concluyó
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