El Gobierno incluirá en el proyecto de reforma tributaria una serie de modificaciones para incentivar el aumento de la inversión productiva y del empleo formal.
Entre los ejes más relevantes -y graduales- de la reforma, que se debatirá después del cambio en el Congreso, están una rebaja en los aportes patronales, una reducción del impuesto a las ganancias para las empresas que no distribuyan dividendos y la decisión de que el pago del impuesto al cheque se tome a cuenta de ganancias.
Así lo informó una calificada fuente de la Casa Rosada, que dijo que estos cambios deben ser acompañados necesariamente por una reducción de Ingresos Brutos por parte de las provincias.
La fuente admitió que los empresarios pretenden un cambio profundo y veloz en estos tributos, pero aclaró que la idea del Gobierno es «plantear un horizonte de certidumbre en el que sepan cuánto bajarán los impuestos, sin afectar la reducción gradual del déficit fiscal».
En particular, el funcionario detalló que una de las propuestas fundamentales que se debatirán después de las elecciones es un blanqueo laboral que, para ser efectivo, será acompañado por «una reducción de las cargas sociales». En particular, la intención es «reducir los aportes patronales para los sueldos más bajos».
En el caso de Ganancias, la fuente confirmó que habrá una alícuota menor para las sociedades que reinviertan el pago de sus dividendos. La idea que dejó trascender Hacienda es que la alícuota máxima en este caso pase del 35 al 25 por ciento, mientras que se mantendrá en 35 por ciento para el resto de las personas jurídicas.
Por otro lado, sobre el impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente, la decisión del Poder Ejecutivo es permitir que, en forma gradual, su pago se vaya tomando a cuenta del impuesto a las ganancias.
En cuanto al impuesto a la renta financiera para las personas humanas, el Ejecutivo está convencido que se trata de un tributo justo, pero dudan sobre la conveniencia de implementarlo en esta etapa de la recuperación económica. «Para un país normal sin duda es un impuesto que debe estar; la duda es si conviene cuando restan dos años todavía complejos en términos de financiamiento», expresó el funcionario.