El fallo judicial impedirá a la líder de extrema derecha presentarse a las próximas elecciones
La oficina de Derechos Humanos del organismo reclamó que se investiguen las muertes y detenciones en las protestas opositoras. El régimen sigue sin mostrar las actas de las elecciones.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el martes su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el «clima de miedo» desde las elecciones presidenciales.
«Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación», afirmó Volker Türk en un comunicado.
«En un clima de miedo, es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos. En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa», dijo su portavoz, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa.
Esta advertencia tiene lugar al día siguiente que el presidente Nicolás Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con «mano de hierro» tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección.
Maduro fue proclamado con 52% de los votos para un tercer mandato de seis años en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia «un fraude masivo». El gobierno chavista no publicó las actas de votación, pese a la fuerte presión interna y de la comunidad internacional.
El anuncio de su victoria desató protestas que han dejado 25 muertos y 192 heridos.
«Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados», dijo Türk.
En base a datos oficiales, la ONU señala que más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio.
En la mayoría de los casos documentados por el Alto Comisionado, no se permitió a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares.
«Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas«, agregó el comunicado.
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