La ONU recuerda que las armas de fuego no se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud es ilegal
«La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes», según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, período en el que murieron un total de 124 personas.
De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y «metras» (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
La ONU recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
«El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial», señala.
La ACNUDH ha registrado además «varios casos de desapariciones forzadas», una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas.
Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU.
El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
Ante la constatación de todos estos abusos, entre otros que ha documentado, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren «adoptar medidas» para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
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