La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado la reforma ministerial enviada por la gobernadora, María Eugenia Vidal, que le permitirá a ese poder un ahorro de 600 millones de pesos.
Dicha reforma, de 61 artículos, prevé la eliminación de 221 cargos políticos; en ese sentido, se eliminarán 14 subsecretarías de las 80 que existen actualmente, 82 direcciones provinciales de las actuales 277 y 125 direcciones de las 633 que hay.
Los proyectos generaron una fuerte reacción de gremios de trabajadores estatales, municipales y del Astillero Río Santiago, que movilizaron a las puertas de la Legislatura. Según denunció ATE Provincia, unos 10 trabajadores resultaron heridos, por postas de gomas, entre ellos su secretario adjunto de ATE Provincia, Carlos Díaz
Mientras afuera se desarrollaban esos incidentes, en el recinto de Diputados legisladores del oficialismo y la oposición protagonizaron fuertes cruces en una sesión con ribetes escandalosos.
Asimismo, se votó la ampliación de la obligación de la presentación de bienes en las declaraciones juradas para los legisladores y candidatos oficializados, que comprenden también-por un cambio introducido al proyecto original-a los funcionarios judiciales.
En ese sentido, por decreto de la gobernadora, todos los funcionarios del Ejecutivo, como también policías y penitenciarios, debían ajustarse en tiempo y forma con ese requisito.
Dentro del paquete de leyes aprobadas se encuentra la prórroga de la ley de la Emergencia en Seguridad, en las Policías y Servicio Penitenciario, que autoriza a los jefes de esas fuerzas a reordenar estructuras y agilizar trámites para obras y compra de insumos.
Por impulso del Frente Renovador, se propicia crear la Policía Judicial; la protección de datos personales y la regulación de honorarios en los juicios de apremio.
