Un fallo judicial postergó para el 1° de octubre el desalojo de la toma de tierras en un predio de Guernica.
El Juzgado de Garantías N°8 a cargo de Martín Rizzo emitió un dictamen en el que postergó el desalojo de la toma de tierras en Guernica hasta el 1° de octubre, tal como había solicitado el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque, y los abogados defensores de los ocupantes.
De esta manera, se extiende el período de negociación entre la Provincia, el Municipio y los ocupantes del extenso predio ubicado en el municipio de Presidente Perón, y se apunta a una «desocupación pacífica» tras un acuerdo entre las partes, y no a un desalojo violento con el uso de la fuerza policial, como sucede en la mayoría de las tomas de tierras.
El fallo se basó en la «protección de los derechos y garantías, tanto de los damnificados como de las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad: Niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans-travestis, personas con discapacidad y adultos mayores».
«El norte de estas decisiones no es otro que dar una salida pacífica a la decisión que fuera adoptada por este Magistrado y confirmada por el Superior tiempo atrás, y respetuosa de los Derechos Humanos de los y las intervinientes», señaló el magistrado, quien destacó la intervención de la Provincia para evitar que ingresen nuevos ocupantes, y que se ingresen materiales de construcción o electrodomésticos al predio. El juez Rizzo también hizo hincapié en los informes presentados por la administración provincial, que realizó un relevamiento de la situación y busca resolver el conflicto de manera pacífica.
Por último, el dictamen señala que en caso de llegar a la instancia de desalojo, el fiscal podrá «recurrir al auxilio de la fuerza pública, la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible». Y también que deberán cumplirse las normas de bioseguridad correspondientes a la pandemia de covid-19.
La medida también fue celebrada por la Defensoría del Pueblo Bonaerense, quien pidió que se agoten todas las instancias de negociación. “Es una decisión acertada porque pone el foco en el abordaje multidisciplinario que debe tener la problemática relacionada al acceso al hábitat, ya que no hay que acotarlo sólo a la intervención penal. Que se busque una solución pacífica, basada en el diálogo y el respeto a las leyes, es el mejor camino que se puede tomar”, manifestó Guido Lorenzino.
El predio ocupado tiene unas 100 hectáreas de las 360 que le pertenecen al grupo inversor El Bellaco S.A., y se divide en cuatro sectores donde se asentaron unas2.000 familias que reclaman el acceso a la tierra y a la vivienda propia en el contexto de la pandemia de coronavirus covid-19.
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