El juez Julián Ercolini citó a declaración indagatoria para el próximo 31 de agosto a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , en la causa que la investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad y cohecho en la compra de un edificio para la Procuración por más de 43 millones de pesos.
El juez Ercolini citó a indagatoria a la procuradora para el próximo 31 de agosto a las 10.30 y otras diez personas que también deberán presentarse ante la Justicia el mes próximo, según publicó esta tarde el Centro de Información Judicial (CIJ).
Las otras diez personas que fueron citadas son: Osvaldo Leguizamón (3 de agosto), Jorge Daniel Domanico (7 de agosto), Héctor Zurita (9 de agosto), Ignacio Costa Urquiza (11 de agosto), Bárbara Jaureguiberry (14 de agosto), Pedro Antonio Donato Viceconte (17 de agosto), Roberto Daniel Martino (18 de agosto), Adrián Marcelo González Fischer (22 de agosto), Juan Carlos Thill (24 de agosto), Guillermo Alfredo Bellingi (28 de agosto).
El pasado martes, el fiscal Eduardo Taiano pidió que la procuradora fuera indagada por haber direccionado la compra de un lujoso edificio ubicado en Perón 675 para instalar su despacho en 2013.
La compra del edificio de Perón 667, donde Gils Carbó tiene su oficina, se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le pagó unos $ 3 millones de comisión, y que es hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión. De hecho, el contrato entre la inmobiliaria y el broker se hizo el 4 de marzo de 2013, y la licitación para la compra se publicó el 6 de marzo de 2013.
Gils Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en los tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra, porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno.
La procuradora negó cualquier rol irregular en la compra del edificio, además de reiterar que no va a dejar su cargo, frente a los pedidos de renuncia por parte del presidente Mauricio Macri .