La jueza federal Arroyo Salgado y su par de Quilmes, Luis Armella, llevan adelante dos investigaciones por la emisión de facturas truchas.
Dos organizaciones delictivas, mediante la emisión de facturas falsas, habrían posibilitado la evasión por parte de miles de contribuyentes, lo que motivó la investigación a partir de una denuncia de la AFIP. Empresas y sindicatos fueron detectadas como usuarios de esas facturas.
Numerosos operativos fueron realizados en gremios tales como Sindicato de Obreros de Estados de Servicio (Soesgype), del triunviro de la CGT, Carlos Acuña; Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), de Luis Barrionuevo; y Sindicato de Choferes de Camiones, de Hugo Moyano.
Justamente, esos tres sindicalistas fueron protagonistas del documento crítico que emitieron la semana pasada contra el Gobierno varios gremios que se oponen a la política económica.
El juez Armella intenta establecer dolo o culpa en el uso de factoras falsas por parte de empresas y sindicatos, como así también si la maniobra dio lugar a lavado de dinero.
«Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso o culposo», manifestaron los investigadores de acuerdo a la publicación.
Por su parte, representantes legales de los gremios, alegaron desconocimiento sobre la supuesta falsedad de las facturas.
«En Uthgra detectaron una boleta de 120 mil pesos pagada con una transferencia bancaria, trazable, mientras que en el Soesgype había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel», indicaron. «Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos porque estaba convalidada por la Afip», añadieron.
Dieciséis personas fueron procesadas por el juez Armella, mientras que doce se encuentran con prisión preventiva acusados de asociación ilícita y lavado de activos, mientras que Eber Russo se mantiene prófugo.
Asimismo, otra organización dedicada a facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación y planes de pago especiales de deuda fiscales, es investigada por la jueza Arroyo Salgado.
Adrián Marcial Gago y Miguel Angel Lamparelli serían los líderes de la asociación integrada por aproximadamente 30 personas.
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