Intervienen la empresa que administra el hotel de Cristina Kirchner

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy la intervención de Idea SA, la firma de Osvaldo Sanfelice que administra el hotel Alto Calafate, en el marco de la causa Hotesur. La medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita.

En ese sentido, Ercolini dispuso la intervención de la firma Idea por el término de seis meses, en los que se apartará a sus autoridades y la Justicia asumirá «facultades de información, administración y recaudación», según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial.

La empresa es la actual administradora de ese establecimiento de lujo, situado en la sureña provincia de Santa Cruz, que pertenece a Hotesur, una hotelera propiedad de la ex mandataria y de su familia.

La medida tiene lugar en el marco de un caso en el que se investigan supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de Hotesur.

En ese contexto, Ercolini procesó el pasado mayo a la ex presidenta, a sus hijos, al contador Víctor Manzanares y al empresario Lázaro Báez , entre otros, por lavado de dinero.

Según el fallo del juez, los administradores de Idea SA «no podrán realizar extracciones de dinero de las cuentas bancarias con las que operen los negocios societarios ni efectuar pagos de ningún tipo; con excepción de aquellos de carácter impositivo, laborales, previsionales o de administración, de los que luego deberán rendir cuentas a los interventores desinsaculados».

En este expediente se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero de la expresidenta y su entorno. Para el juez, los fondos llegaron a los Kirchner a través de la simulación de alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia presidencial, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.

Ercolini señaló que los procesados «habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz».