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Como en agosto ya había determinado que las estadísticas sobre el producto bruto interno (PBI) se ajustaban a las normas internacionales, el FMI, con la directora Christine Lagarde al frente, determinó que «la Argentina actualmente brinda al FMI información sobre el IPC y el PBI de manera acorde» con sus obligaciones.
La sanción recayó sobre el país el 1 de febrero de 2013 luego de detectar irregularidades dos años antes y fue inédita: era la primera vez en su historia que el organismo castigaba a uno de sus miembros por falta de credibilidad.
Pero, ¿por qué el FMI había emitido esa moción? La lupa estaba puesta sobre el falseamiento sistemático de los índices de inflación y del cálculo de crecimiento que publicaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante los gobiernos kirchneristas. Los tiempos de la moción fueron más lentos que la intervención del Indec, que había comenzado en 2007 con polémicos desplazamientos de técnicos y especialistas, como la directora técnica Graciela Bevacqua.
Hasta hoy, las estadísticas eran consideradas deficientes y poco confiables, dos características que se aclaraban en cada informe del organismo donde se nombraba al país. Es que como miembro del FMI, el artículo 8 del reglamento interno precisa que los socios deben proveer información veraz sobre la evolución de su economía.
Según Lagarde, el nuevo Gobierno realizó «extraordinarios esfuerzos» para fortalecer el organismo encargado de las estadísticas nacionales y producir «datos fiables y fidedignos».
Más allá del levantamiento de la moción de censura, el directorio del Fondo publicará hoy los resultados del artículo IV. Como uno de los 189 países miembro, la Argentina debe aceptar una misión anual de revisión y supervisión por parte de técnicos del organismo que siguen de cerca el desarrollo de la economía. Aquí no se hace desde 2006.
Desde ese entonces, la Argentina se unió a países como Venezuela o Siria, que tampoco lo presentaban. En esta revisión, el FMI aclara que «los equipos también se reúnen con representantes del sector privado, los sindicatos, el mundo académico y la sociedad civil para hacerse una idea completa de las políticas económicas y las perspectivas económicas».
El FMI luego advierte sobre posibles riesgos y vulnerabilidades en materia de política económica, aunque su asesoramiento no es vinculante. Y es el Gobierno argentino quien decide si los resultados del Artículo IV se hacen públicos. Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, confirmó hace un mes que así será. «Lo vamos a publicar porque no tenemos nada que ocultar», aseguró.
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