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Se investiga si la líder de la Tupac Amaru contrató sicarios para asesinar a un dirigente en 2007 durante el enfrentamiento de "la balacera de Azopardo"
El pedido lo hizo la Fiscalía de Investigación Penal número 1 de Jujuy, según informó el Ministerio Público de la Acusación jujeño (MPA).
Los hechos que originaron la causa sucedieron el 27 de octubre de 2007, en el Barrio San Francisco de Alava, (ex Azopardo), donde se enfrentaron dos sectores. Como consecuencia del enfrentamiento, una niña de 11 años que estaba en el lugar resultó herida de un balazo en la zona abdominal.
En la causa conocida como «la balacera de Azopardo» se investiga un confuso choque con armas de fuego entre esos dos grupos, por el que se ordenó inicialmente la detención de Jorge Páes y Fabián Ávila (vinculados con la Tupac Amaru de Milagro Sala). Páes, denunciado inicialmente como presunto «sicario» de Sala, fue sobreseído en agosto pasado y recuperó su libertad, mientras que Ávila fue procesado por «tentativa de homicidio» al igual Cardozo, que ya lo estaba.
En esta causa, Sala estuvo inicialmente acusada de «encubrimiento agravado» por favorecer a un prófugo (Páes), pero, en base a pruebas incorporadas en el expediente, el juez resolvió imputarla por tentativa de homicidio.
«En contestación a la vista que corriera el Juzgado Causas Ley a cargo de -el juez- Pablo Pullen Llermanos a este MPA, es que en fecha 02/10/17, desde la fiscalía se solicitó el cierre de la instrucción judicial y la elevación de la causa a juicio», planteó el fiscal Diego Cussel en su dictamen, en el marco del expediente en el que Sala y otros dos procesados se encuentran bajo prisión preventiva.
Allí, a Sala se le endilga el delito de «homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria», del mismo modo que a Ávila, a quien se le suma la acusación de «homicidio simple», mientras que el tercer procesado es Alberto Esteban Cardozo, procesado por «homicidio simple». En todos los casos en grado de tentativa.
«Consentido el cuadro probatorio reunido, existen suficientes elementos de prueba, exigidos por el Código Procesal Penal, para que los coimputados comparezcan a juicio en el que se decidirá definitivamente las respectivas situaciones procesales«, finaliza el escrito sobre el requerimiento del fiscal interviniente, indicaron fuentes judiciales.
Sala, actualmente con el beneficio de prisión domiciliaria en su domicilio de la localidad jujeña de El Carmen, se encuentra procesada y con prisión preventiva por la causa en cuestión y en otras investigaciones por «fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión» a raíz del supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
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