El gobierno de Puigdemont se prepara para declarar hoy la secesión; hay dudas sobre qué tipo de declaración será
Las esperanzas de un frenazo de último momento se diluían anoche cuando la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, brazos ejecutores de la movilización separatista, convocaron a la población a congregarse frente al Parlamento para seguir desde pantallas gigantes la sesión de ruptura. «Hola República» es el lema de la manifestación.
La víspera del choque institucional más grave en 40 años de democracia en España estuvo marcada por las graves advertencias del gobierno central sobre la respuesta que dará al anuncio de una secesión unilateral y por la imparable fuga de grandes empresas desde Cataluña hacia otras regiones.
Los separatistas se mantenían firmes en su desafío, pero debatían puertas adentro el formato de la decisión que presentará Puigdemont. Hay sectores moderados que hablan de un anuncio «simbólico» o de una declaración «en diferido», acompañados por una apelación al diálogo.
Son conscientes de la imposibilidad de asumir el control inmediato del territorio. Pero piensan a mediano plazo. Documentos incautados por la Guardia Civil en registros a oficinas de la Generalitat reflejan la intención de «generar un conflicto democrático, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar una negociación» sobre el estatus de Cataluña.
El gobierno de Mariano Rajoy ya avisó que no distinguirá entre una proclamación formal y una simbólica. «La declaración que hagan no va a tener efectos. Habrá decisiones para restaurar la ley y la democracia», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sugirió que la respuesta incluirá la invocación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender parcial o totalmente la autonomía de una región.
Después de una reunión de Rajoy con la cúpula del Partido Popular (PP), el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, dijo que se actuará con la Constitución y el Código Penal. Advirtió que Puigdemont puede terminar como Lluís Companys, el presidente de la Generalitat que declaró en 1934 la fundación de un Estado catalán y acabó fusilado seis años después.
La posibilidad de que Puigdemont y su gente terminen en prisión no es algo impensable. Declarar la independencia de una parte del país está tipificado en el Código Penal como rebelión, un delito con penas de entre 15 y 25 años de cárcel. El problema para Rajoy es cómo haría para ejecutar medidas extremas en una Cataluña muy movilizada y con agrupaciones cívicas que llaman a la gente a la resistencia pacífica. El gobierno central mantiene en Cataluña 10.000 policías antidisturbios desplazados especialmente por la crisis.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió ayer que la Policía Nacional asumiera el control de su sede, en Barcelona, por temor de que intenten tomarlo y los Mossos d’Esquadra, la fuerza autonómica, se nieguen a impedirlo.
El último llamado a la cordura partió de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, simpatizante a distancia de las tesis independentistas. Compareció anoche para pedirle al gobierno de la Generalitat que «no tome ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo». En su visión, el referéndum del 1º de octubre no puede ser un aval para la independencia.
Pero Puigdemont y sus aliados insisten en que esa consulta, celebrada en medio de represión policial y con el sistema informático caído, resultó vinculante y es un mandato claro para proclamar la república catalana. Votaron aquel día, según los datos oficiales, 2,3 millones de personas (43% del padrón).
Nadie de su gobierno hizo mención a la otra mitad de catalanes que rechaza la independencia, muchos de los cuales se hicieron oír por primera vez de manera contundente en la manifestación masiva que recorrió Barcelona con el lema «Basta. Recuperemos la sensatez».
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