Tras un encuentro con representantes del sector de la construcción -empresarios y sindicalistas- y legisladores de ambas cámaras, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció finalmente las medidas prometidas para dinamizar la actividad de la construcción e intentar generar una oferta de dólares que relaje las tensiones que hoy existen en el mercado cambiario.
La cartera económica informó que enviará al Parlamento dos proyectos de ley con este espíritu: uno que incluye beneficios impositivos, como la exención de Bienes Personales para la construcción de obras nuevas y el diferimiento de Ganancias y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), y un blanqueo de divisas que estén destinadas a la construcción; y otro que busca reactivar los créditos hipotecarios mediante la creación de la Sociedad Hipotecaria Argentina S.A.
La Sociedad, que no comprometerá recursos del Tesoro ni del BCRA, administrará un fondo fiduciario que servirá para compensar eventuales desfasajes entre la cuota del crédito, que estará topeada por la evolución de los salarios, y la inflación. El objetivo es evitar que ocurra lo mismo que sucedió con los préstamos UVA, que con el salto de los precios dejaron cuotas muy elevadas para muchos deudores. Según trascendió, la intención es que una vez que este proyecto sea ley, luego el Banco Central impulse a los bancos a liberar los fondos para la adquisición de viviendas.
El plan anunciado por el ministerio de Economía prevé el otorgamiento de préstamos en unidades actualizadas por la inflación (CER) y por el Indice del Costo de la Construcción para los bancos y en base a los salarios (CVS) para la cuota que deberá pagar el deudor. Habrá cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación Se prevé la implementación de cuatro líneas crediticias, destinadas a la construcción (sobre terreno propio o a adquirir), la compra de primera vivienda, la refacción o ampliación y la adquisición de vivienda única de ocupación permanente.
Ese fondo fiduciario se integrará con un aporte inicial del Tesoro y con otras tres fuentes: un aporte activo de los bancos que participen del mercado de crédito hipotecario entre 1% y 5% del valor residual de cada crédito hipotecario cubierto; un aporte trimestral de los bancos que participen de hasta un máximo del 1,25% de la rentabilidad de las Leliq del BCRA; y un porcentaje de cada cuota que paguen los deudores hipotecarios.
En el caso del blanqueo, el proyecto establece que “podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente Capítulo, dentro de un plazo que se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta el 28 de febrero del año 2021, ambas fechas inclusive”.
Pero no será gratis. También se establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, conforme las siguientes alícuotas, dice el texto: a) los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive: 5%; b) los ingresados entre el 1° y el 31 de enero de 2021, ambas fechas inclusive: 15%; y los ingresados entre el 1° y el 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive: 25%.
Fuentes de la Cámara de la Construcción (Camarco) festejaron las iniciativas y el diálogo con el gobierno: “Esto es para recuperar el empleo perdido. Ojalá tengamos el éxito que buscamos para brindarle a la gente la esperanza de tener una vivienda a través de un crédito hipotecario”. A la vez, afirmaron que deberían incluir algunos cambios, como por ejemplo extender la fecha del blanqueo -consideran que es muy corto el plazo hasta febrero- y reducir el impuesto especial.
Junto a Guzmán, participaron de la reunión la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; sus pares de Desarrollo Habitacional y Hábitat, María Eugenia Bielsa; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, Magdalena Sierra. Por el sector empresario, se hicieron presentes el titular de la Camarco, Iván Szczech; su vice, Ricardo Griot; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y su director ejecutivo, Gustavo Gándara.
Las medidas buscan reactivar el sector de la construcción, que es clave en la generación de empleo, pero, a la vez, sacar dólares de la informalidad, luego de que que presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estimara que hay unos 180 mil millones de dólares que no están declarados y que podrían servir para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central, en medio de la fuerte tensión cambiaria, que se refleja en la amplia brecha entre el tipo de cambio oficial y los mercados paralelos.
En el último mes, el Gobierno primero reforzó en septiembre los controles al dólar y hace pocos días fue, tibiamente, en el sentido opuesto, aunque todavía no logró despejar la incertidumbre que alimentar las expectativas de una devaluación del tipo de cambio oficial.
Este brusco giro se reflejó en el comunicado del lunes último del Ministerio de Economía, en el que responsabilizó al Banco Central, sin nombrarlo, de las consecuencias de las medidas adoptadas hace un mes al endurecer el cepo.
