El 11 de agosto se realizarán por quinta vez las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones para que los electores tengan la opción de decidir el candidato de cada espacio político. En el 2015, en Cambiemos hubo una disputa entre Mauricio Macri, que compitió por el PRO (81,33%), Ernesto Sanz, que lo hizo por la UCR (11,10%) y Elisa Carrió, por Coalición Cívica (7,57%). En cambio, Daniel Scioli no tuvo competencia interna.
En las legislativas de 2017, en cambio, ya no hubo disputa, porque Cristina Fernández de Kirchner no aceptó competir con Florencio Randazzo y cada uno corrió con su propio sello.
En el 2019, Macri adelantó que no aceptará competencia interna con ningún candidato. Y Cristina, si finalmente se postula, tampoco aceptaría que haya otros candidatos a presidente por su espacio. Solo el peronismo no K nucleado en Argentina Federal podría armar una disputa entre Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto y, quizás, Roberto Lavagna, aunque tampoco es seguro.
Haya competencia o no, el Estado nacional está obligado a erogar el presupuesto que garantice la logística y transparencia para el buen desempeño de los comicios, lo que incluye los aportes a los partidos políticos para la impresión de boletas, la impresión de padrones, la capacitación de autoridades de mesa y fiscales, el transporte de urnas y material electoral, la compra del material electoral (urnas, sobres, elementos de escritura), la seguridad del comicio (horas extras de efectivos policiales y de fuerzas armadas) y el pago a las autoridades de mesa.
Ese presupuesto es hoy de $ 3.081 millones, o sea, el 40% del total para las tres fases de las elecciones, que es de $ 7.900 millones a valores actuales, que podrían ser redeterminados de acuerdo a la inflación. Para las generales se prevén $ 2.765 millones (35% del presupuesto) y para el balotaje $ 1.975 millones (25% del total).
La primera vez que se utilizó este mecanismo fue en las elecciones presidenciales del 2011, que Cristina ganó por el 47,98% de los votos y ningún candidato a presidente se enfrentó a competencia interna. En la elección general, el FPV aumentó la diferencia, superando el 54% de los votos y evitando el balotaje.
Por los artículos 18, 19 y 20 de la ley 26.571, de democratización de la representación política, votada en diciembre de 2009, las agrupaciones políticas o alianzas que participan en el proceso elector pueden tener distintos aspirantes a un mismo cargo, y los ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido, pueden elegir con su voto al candidato que prefieren para representarlos.
El Ejecutivo intentó eliminar las PASO para estas elecciones, ya que es un procedimiento que exige un adelantamiento del cronograma electoral de dos meses, en un país donde se vota cada dos años, lo que sucede en algunos países como los Estados Unidos, pero no en otros como Francia, Chile, Uruguay o Brasil, donde no hay elecciones legislativas de medio término.
A través de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Gobierno buscó sentar posición en contra de las PASO, incluso de las elecciones de medio término. «Hacés un año de trabajo y ya empezó de nuevo el período preelectoral, no es algo razonable, pero es algo que se debe resolver institucionalmente y antes tendríamos que ver qué hacer con las PASO», dijo en distintas ocasiones, a modo de ensayo.
Así piensa el Presidente y el resto de la Casa Rosada, pero las urgencias en materia de gestión impidieron que el tema se instale en la agenda y, en líneas generales, está previsto volver sobre el asunto en el 2020, si es que ganan las elecciones. «Si ganamos, estas son las últimas elecciones que se votan PASO en la Argentina, pero es una reforma que hay que plantear con tiempo y en un marco de consenso», aseguraron fuentes oficiales.
