El atentado con coche bomba contra una academia policial en Bogotá dejó el jueves 17 de enero al menos 21 muertos, incluido el presunto atacante, y 68 heridos, en un acto de terrorismo que enluta a una Colombia.
Este «demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción», dijo el presidente Iván Duque en una declaración en la que no vinculó al autor del atentado con grupos armados que aún operan en Colombia, financiados por el narcotráfico.
La explosión deja al menos 21 muertos y 68 heridos, 58 de los cuales fueron dados de alta, según la policía colombiana, que todavía trabaja en la identificación de los cuerpos y teme que la cifra de víctimas aumente, ya que en el momento del estallido en el centro formativo había delegaciones policiales de Panamá y Ecuador, informó el diario El Espectador.
La cadete ecuatoriana Erika Chicó falleció y su compatriota Carolina Sanango quedó herida levemente. Dos uniformados panameños, de un grupo de 45 connacionales, resultaron lesionados aunque están «estables», según el mandatario de su país, Juan Carlos Varela.
Las autoridades identificaron al hombre que conducía el vehículo como José Aldemar Rojas Rodríguez, aunque no revelaron pistas sobre el grupo que estaría detrás de la peor acción terrorista en la capital colombiana en los últimos 16 años.
De nacionalidad colombiana, Rojas Rodríguez ingresó «de manera violenta» en una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, indicó la policía en un comunicado.
De acuerdo con Luis Fernando Echavarría, especialista colombiano en seguridad urbana, lo que pasó en la Escuela de Cadetes es atípico y es evidente que los responsables tenían un objetivo claro: matar a muchas personas y con ello generar terror.
“Hace años no se veía tal cantidad de explosivos en una acción terrorista. No tiene las mismas características de otros ataques y podría estar relacionado con un tema más grande, porque la modalidad es muy particular”, dijo Echavarría al precisar que detrás de la acción hay un grupo muy organizado.
El vehículo, que de acuerdo con la fiscalía había pasado por una revisión en julio en 2018 en Arauca (frontera con Venezuela), detonó en el marco de una ceremonia de ascenso de oficiales y cadetes tras irrumpir de forma violenta. Según versiones de policías, un perro antiexplosivos detectó la carga.
Al verse descubierto, Rojas aceleró y atropelló a un agente. Tres uniformados fueron detrás del vehículo que explotó segundos después. «Escuché como si se hubiera caído el cielo en la cabeza. Fue una explosión muy grande. Cuando salí había una humareda grande», relató Rocío Vargas, una vecina del lugar.
Iván Duque dijo que ordenó «fortalecer los controles sobre las fronteras y las entradas y salidas de las ciudades».
«Igualmente, he solicitado dar prioridad a todas las investigaciones (…) para identificar a los autores intelectuales de este atentado terrorista y a sus cómplices», señaló el presidente, que desde su asunción como presidente endureció la política antidrogas tras heredar una cifra récord de cultivos ilegales y de producción de cocaína en 2017.
Duque pidió la colaboración de los colombianos para «desarticular a la estructura criminal» que ejecutó el ataque, aunque se cuidó de mencionar a alguna organización en específico. La explosión deja al menos 21 muertos y 68 heridos, 58 de los cuales fueron dados de alta, según la policía colombiana.
«No descansaremos hasta capturar y llevar a la justicia al resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia»,manifestó Duque, quien dejó claro que su Gobierno no dará «ni un paso atrás».
«Este demencial acto terrorista no quedará impune (…) Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo», enfatizó. Desde la oficina de la ONU en Colombia hasta Estados Unidos, pasando por el gobierno de Venezuela -con el que Bogotá congeló relaciones- y la FARC condenaron el hecho y expresaron solidaridad.
Con unos ocho millones de habitantes, Bogotá había sido sacudida por esporádicas acciones de terror en 2017.
