7 de noviembre, 2017

Diputados trata la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

Un plenario de comisiones debatirá los cambios introducidos por el Senado y firmará un dictamen para darle sanción definitiva.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de Diputados tratará este martes, a las 15, el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

 

 

La intención de Cambiemos es sacar dictamen con el proyecto como llega desde el Senado para darle sanción definitiva este miércoles.

 

 

«No tenemos muchas opciones. No le podemos hacer cambios, por lo que aprobamos o rechazamos», expresó el diputado del PRO y titular de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky.

 

 

Es que el reglamento parlamentario indica que como el proyecto llega en segunda revisión ya no pueden hacerse modificaciones.

 

 

El proyecto tuvo media sanción en julio de la Cámara de Diputados tras una dura negociación con el Frente Renovador, que obligó a incluir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y que dejó afuera la denominada clásula Odebrecht.

 

 

Cabe consignar que ese punto, pedido por la Oficina Anticorrupción, pretendía posibilitar la obtención de información sobre hechos previos a esta ley.

 

 

Sin embargo, el proyecto fue modificado en su sanción en el Senado a mediados de septiembre, y devuelto a la Cámara de origen.

 

 

Uno de esos cambios fue justamente que se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos y se estableció un plazo de seis años desde que se cometió el ilícito también dejó sin efecto otra cuestión que había sido incluida a instancias del FR: que abarcara a todos los ilícitos del Código Penal.

 

 

Con esto, quedaron cubiertos los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y la conformación de balances e informes falsos.

 

 

La sanción implicará el cumplimiento del pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que solicitó que el país tuviera una norma que apuntara a la responsabilidad empresarial sobre hechos de corrupción.

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