El nuevo texto reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y la propiedad privada, además de eliminar el término "comunismo".
Las grandes novedades del texto son el reconocimiento de la propiedad privada y el papel del mercado en la economía nacional, además de la eliminación del término comunismo.
La Constitución también modificará su artículo 68, en el que especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para reemplazarlo por una fórmula más amplia que habla de matrimonio entre dos personas, en respuesta a las demandas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).
La medida no encontró rechazo de los legisladores, pero en la reunión de este domingo la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, quiso que se ampliase el artículo y que no se restringiese la posibilidad de adoptar a los futuros matrimonios homosexuales, algo que se pospuso para el debate del nuevo Código de Familia.
En el ámbito institucional, el nuevo texto recuperará la figura del primer ministro, que se eliminó con la aprobación de la Carta Magna de 1976, y se creará el cargo de Presidente de la República, papel hasta ahora ejercido por el presidente del Consejo de Estado.
El nuevo texto reflejará los cambios económicos que vive el país a raíz de las moderadas reformas implementadas durante la Presidencia de Raúl Castro (2008-2018), pero no contemplará reformas políticas.
El Partido Comunista de Cuba (PCC) se mantendrá como el único legal en el país al mantener su estatus constitucional de «fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad».
Tras aprobarse el proyecto de nueva Constitución, Díaz-Canel animó a la participación popular para «expresar libremente sus opiniones para que el texto refleje el hoy y el futuro de la Patria».
El proceso de debates en los barrios se realizará entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. La fecha de inicio es simbólica porque coincide con el día que nació el expresidente cubano, Fidel Castro, en 1926.
Después de los debates populares se realizará un referéndum y tras ratificarse la nueva Carta Magna se abre un período de un año para modificar el leyes como los Código Penal, de Familia o Civil y ponerlos en sintonía con el nuevo texto constitucional.
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