La ex presidente presentó un escrito donde critica la causa; está acusada de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
La actual senadora, a través de su abogado Carlos Beraldi, hizo una presentación ante el juez federal Julián Ercolini en la que criticó su procesamiento y cómo se investigó la causa, pero no se opuso a que el expediente pase a juicio oral. Además, pidió estar presente cuando se sortee el tribunal que estará a cargo del juicio.
En un escrito de tres carillas, la defensa señaló que no está previsto en la ley la apelación de un pedido de elevación a juicio, por lo que «el tránsito de estas actuaciones a la instancia oral ya se encuentra definido».
La actual senadora nacional criticó los pedidos de elevación a juicio de parte de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y de la Oficina Anticorrupción (AO) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúan como querellantes en la causa.
«En consecuencia, habré de continuar desarrollando el derecho de defensa que asiste a mi parte una vez que estas actuaciones arriben al Tribunal Oral, en donde requeriré, una vez más, el reencauzamiento de esta causa de conformidad con las normas procesales vigentes», señala el escrito.
Beraldi agregó que «en la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes, con el próposito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio».
La defensa también recordó que todavía hay presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación pendientes de resolución y cerró el escrito con su pedido: «se eleven las actuaciones al Tribunal Oral, previo sorteo de práctica, requiriendo desde ya que se me notifique de dicho acto a efectos de presenciar el mismo y poder controlar su legalidad».
La ex Presidente está procesada en la causa junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; Báez y su hijo Martín, junto con otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y directivos del grupo Báez.
En total son 20 personas procesadas que irán a juicio oral y público para ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública; todos tienen embargos por 10 mil millones de pesos.
En el expediente se investiga la entrega por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 52 contratos de obras viales para Santa Cruz por 46 mil millones de pesos que presentaron irregularidades. La causa se inició por una denuncia que presentó el gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión.
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