La ex presidente pidió la nulidad de la causa y una auditoría general de la obra pública entre 2003 y 2015.
Cristina había sido convocada por el juez federal Ercolini para defenderse en la causa que investiga la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez. Dijo que si en su gobierno «hubo una asociación ilícita, hoy hay una asociación ilícita del terrorismo, porque los ciudadanos sienten terror cuando les llega la factura de gas y luz».
La ex jefa de Estado aseguró que la acusación en su contra es «un disparate mayúsculo». «Es una maniobra de formidable de persecución política y hostigamiento mediático. No es original, lo vemos en Brasil con Lula y tiene como destinatarios a quienes representamos los procesos de inclusión social», agregó.
Y acusó: «Es una maniobra regional y del actual Gobierno que trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina».
Asimismo, la ex mandataria pidió una auditoría general de la obra pública por el período 2003 – 2015, con la creación de una Comisión Bicameral, y apuntó contra Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri de quien dijo que fue «IECSA el tercer adjudicatario de la obra pública, y en algunos proyectos asociada a Austral S.A».
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Los proveedores de repelentes explican que hubo una mala previsión de la producción y un déficit de insumos. Una experta en mosquitos cuenta cómo es la estrategia que tienen para seguir reproduciéndose.
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