La Corte les puso un límite a los reajustes de las indemnizaciones laborales

La Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Laboral que avalaba un incremento injustificado de la indemnización por accidente laboral.

En el caso específico, la madre de un trabajador fallecido en un accidente laboral le reclamó a la ART la indemnización prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo. El juez de primera instancia condenó a la ART a pagar $786.320,57. Pero no tuvo en cuenta las tarifas vigentes a la fecha del accidente, sino el reajuste que dispuso la Ley 26.773 (dictada en 2012).

La Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó ese criterio y el caso llegó a la Corte.

Ahora, con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia del Juez Horacio Rosatti, el máximo tribunal sostuvo que la Cámara no dio un «tratamiento adecuado a los agravios de la aseguradora debido a una incorrecta lectura del fallo sometido a revisión» ya que los camaristas sostuvieron que correspondía confirmar el monto de «la acción civil ejercida por la actora».

Para la Corte, la Cámara omitió analizar los argumentos de la ART, que planteaba que las mejoras de la Ley 26.773 no eran aplicables al caso porque el accidente (en 2005) había sido anterior a su entrada en vigencia.

Los accidentes deben tramitarse en la Justicia civil

En otro caso, la Corte Suprema decidió que no le correspondía pronunciarse acerca de la validez constitucional del art. 17 de la Ley 26.773, que dispone que los reclamos por accidentes laborales planteados con fundamento en el Código Civil deben ser resueltos por jueces de ese fuero.

El trabajador de una obra en construcción reclamó ante la Justicia laboral por un accidente ocurrido en 2003. Pero los jueces laborales consideraron que no eran competentes para resolver ese reclamo porque estaba exclusivamente fundado en el derecho civil. La defensa del trabajador argumentó, entonces, que la Ley 26.773 eran inconstitucional.

Llegado el caso a la Corte, la mayoría integrada por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz consideró que no le correspondía pronunciarse, aunque aclaró que la sentencia que declaró la incompetencia de la Justicia laboral no ponía fin al juicio ni colocaba al trabajador en una situación de privación de justicia.

En minoría, los jueces Maqueda y Rosatti consideraron que la decisión de remitir el caso a la Justicia civil implicaba un perjuicio para el demandante, a quien «se privaría definitivamente… de la posibilidad de tramitar su reclamo ante el fuero laboral, que no solo está especializado para atender las demandas que los trabajadores dirigen a sus empleadores, sino que, además, cuenta con un procedimiento nítidamente diseñado para garantizar tanto la gratuidad para el trabajador litigante como la rápida solución de los conflictos».