El procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand volvió a cuestionar al juez Luis Carzoglio, quien rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano que había ordenado el fiscal Sebastián Scalera en la causa en la que se acusa al gremialista de defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos.
«Es curioso el contenido del pronunciamiento y la manera en que se desestimaron los pedidos de detenciones y allanamientos», dijo Conte Grand en una entrevista que concedió a TN.
Y precisó: «Es un contenido carente de fundamentos y muy dogmático en donde el juez se extralimita de su competencia». Para el procurador bonaerense, en el fallo hay «una cantidad de cosas técnicas que implican un exceso muy manifiesto» por parte magistrado.
Conte Grand aclaró que estos elementos no le permiten hablar de «parcialidad», pero sí de «un error grosero de juzgamiento».
El jefe de los fiscales aclaró que no tiene elementos para decir si Moyano debería o no estar preso, pero detalló: «Los fiscales tienen instrucciones muy precisas respecto de cuándo deben solicitar una detención. La libertad es el principio; la detención es la excepción. Tienen que haberse configurado categóricamente los extremos que justifican esta petición».
«Debo presumir que el fiscal Scalera ha extremado todos los recaudos para que se cumpla con los lineamientos. Deberían haber argumentos suficientes en el pedido y por lo tanto debió haberse hecho lugar», completó.
El fiscal Scalera adelantó que presentará la apelación para insistir en el pedido de detención de Pablo Moyano y que recusará al juez Carzoglio. Para Scalera, el magistrado «realizó un análisis individual o aislado» al rechazar el pedido de detención porque «dejó de valorar elementos de prueba fundamentales» como «el resultado de la apertura de los teléfonos secuestrados a personas de la barra brava de Independiente».
El cúmulo de causas judiciales que enfrentan Hugo y Pablo Moyano pronostican una larguísima batalla en los tribunales de varios fueros. El frente judicial es tanto o más intrincado que las acusaciones que pesan sobre su aliada, Cristina Kirchner.
El secretario general de la CGT, líder del Sindicato de Camioneros y presidente del Club Independiente junto al mayor de sus hijos, Pablo, su mano derecha en estas dos últimas instituciones, son investigados como presuntos miembros de una asociación ilícita y por otros delitos que van desde el lavado de activos, defraudación y malversación de fondos, evasión impositiva y hasta extorsión.
