La Cámara Federal estableció que el ex funcionario favoreció a la empresa brasileña en la causa por la ampliación de los gasoductos.
Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens confirmaron la acusación contra De Vido y Cameron por el delito de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública.
También confirmaron los procesamientos de Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, respectivamente, y procesaron a Luis Beuret y a Julio Bragulat, vicepresidente y subgerente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), respectivamente.
Cammesa y Odebrecht acordaron intervenir juntos en el programa de “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”.
No obstante, el juez federal Daniel Rafecas determinó que la empresa brasilera fue favorecida indebidamente para quedarse con ese negocio. Por eso, procesó a los ex funcionarios.
La Cámara Federal ratificó esa decisión. Los camaristas señalaron que hubo un «direccionamiento de los concursos a favor de la constructora que, a la postre, resultó la ganadora».
Como ejemplos de la maniobra ilegal, el tribunal citó «el marco normativo diseñado desde el Ministerio de Planificación -delegando facultades-; las reiteradas comunicaciones y tratativas a puertas cerradas entre los apoderados de Odebrecht y la Secretaría de Energía; la recomendación del Subsecretario de Combustible a CAMMESA para que opte por una determinada alternativa de oferta en los concurso».
En una resolución de 25 carillas, la Cámara señaló que De Vido «tuvo un rol esencial en la maniobra investigada» porque las obras de ampliación de los gasoductos «debían ser aprobadas, supervisadas y contratadas en los términos y condiciones que determinara su ministerio».
Además del procesamiento, la Cámara ratificó el embargo de un millón de pesos sobre los bienes de De Vido.
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