Los acusados son 12 dirigentes que deben responder por su papel en la declaración de independencia unilateral en octubre de 2017.
Se trata del «juicio más importante que hemos tenido en democracia», dijo recientemente Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, la instancia que juzgará el caso a partir de las 10 de la mañana, hora de Madrid, y durará alrededor de tres meses.
La sesión de este martes se limitará en principio a las cuestiones previas de procedimiento, y a ella asistirá el presidente regional de Cataluña, el separatista Quim Torra.
El proceso -del que participará el expresidente del gobierno Mariano Rajoy como testigo- será retransmitido en directo por televisión, y para seguirlo se acreditaron más de 600 periodistas, españoles y extranjeros. La sentencia del Supremo se conocerá no antes del mes de julio.
Los separatistas denuncian una «farsa» y un juicio político contra su causa. Han convocado además una manifestación este martes en Barcelona.
«Esto no es un juicio contra unas personas que han cometido delitos tan graves, sino un juicio contra la democracia», dijo el lunes a la prensa Jordi Pina, abogado de tres de los acusados.
El principal protagonista del intento de secesión, el expresidente catalán Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, será el gran ausente del juicio, ya que España no juzga delitos graves en ausencia. Sí que estará su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, contra el que la fiscalía pide 25 años de prisión.
Para los otros once acusados, la fiscalía pide entre 7 y 17 años de cárcel. Entre ellos se encuentran la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ministros regionales y los responsables en el momento de los hechos de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.
Una cuestión clave del juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión. La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo del 1 de octubre de 2017 «siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas».
Los independentistas desmienten que hubiera violencia, destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los violentos fueron los agentes de policía que aquel día echaron mano de porras, pelotas de goma y empujones para tratar de impedir la consulta.
Por su parte, los juristas están divididos en cuanto a si hubo violencia o no, hasta el punto que los abogados del stado, que también ejercen la acusación, han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión de hasta 12 años, menores que en el caso de la rebelión.
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