Los convocó el juez federal Claudio Bonadio en una causa que investiga el reparto de fondos para un programa de gestión de residuos
En la causa se detectó un giro de fondos realizado a través de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable -que dependía de Jefatura de Gabinete- por la suma de 590 millones de pesos para que municipios realizaran diferentes obras relacionadas con el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Se denomina RSU a los residuos originados por los usos residenciales, comerciales e institucionales y por el barrido y demás operaciones de aseo del espacio público. Dentro de esa categoría están además los originados por las industrias y los establecimientos de salud, siempre que no tengan características tóxicas ni peligrosas. No califican como RSU los residuos patogénicos, los peligrosos, los radiactivos ni los derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.
En el expediente, iniciado luego de una auditoría realizada por la gestión macrista del ministerio de Ambiente y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.
«Los criterios técnicos para otorgar más de $ 173 millones a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional no fueron suficientemente justificados«, había señalado el fiscal federal Carlos Rívolo cuando impulsó la investigación.
La auditoría reveló que no existió «un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos». Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no les enviaron nada. «Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje (1,8%) de residuos a nivel nacional».
Se detectaron irregularidades en proyectos a los que se les destinó dinero oficial en los municipios de Río Gallegos, Santa Cruz y Quilmes, provincia de Buenos Aires, entre otros tantos. Serán indagados más de cien intendentes.
Además de Abal Medina, Capitanich y Fernández, tandrán que declarar ante Bonadio quienes ouparon la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante últimos dos años del kircherismo: Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso. También tendrán que declarar ex funcionarios con cargos menores. Las indagatorias que fueron fijadas se desarrollarán durante el mes de octubre.
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