El fallo judicial impedirá a la líder de extrema derecha presentarse a las próximas elecciones
En su primer día de funcionamiento, el Gobierno de Brasil lanzó medidas para reducir la propiedad estatal, de privatizaciones y de concesiones.
El Gobierno de extrema derecha de Brasil usó su primer día de funcionamiento el miércoles para lanzar medidas para reducir la propiedad estatal, mencionando privatizaciones y concesiones.
Al tomar el mando de sus ministerios, el gabinete del presidente de Brasil reveló profundos planes para intensificar las privatizaciones, endurecer las pautas de sentencias de prisión y entregar el control sobre las reclamaciones de tierras indígenas al poderoso Ministerio de Agricultura.
El real se fortaleció un 2,4% y el índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo trepó un 3,6%, luego de que los inversores recibieron con beneplácito las promesas del ministro de Economía, Paulo Guedes, un exbanquero de inversiones, para reducir los impuestos y revisar el costoso sistema de pensiones de Brasil.
«Si tenemos una reforma de pensiones sólida, obtendremos 10 años de crecimiento», dijo Guedes, quien encabeza un equipo de economistas ortodoxos que ya están siendo comparados con los «Chicago Boys» que cambiaron radicalmente la economía de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Guedes afirmó que planea reducir la carga fiscal de Brasil al 20% del Producto Interno Bruto desde un 36 por ciento, liberar al mercado crediticio de la saturación de los bancos estatales y reducir el proteccionismo.
La administración de Bolsonaro, la primera de extrema derecha en Brasil desde que una dictadura militar dio paso a un gobierno civil en 1985, ha suscitado la preocupación de que podría poner en riesgo los derechos humanos con una represión al crimen y desestabilizar el delicado bioma amazónico mediante la explotación comercial.
Una de las primeras medidas de Bolsonaro en el cargo fue decretar que los reclamos de tierras indígenas, una fuente de sangrientos enfrentamientos en la frontera agrícola del país, serán decididos por el Ministerio de Agricultura, cumpliendo una promesa de campaña a sus partidarios incondicionales en el sector agrícola.
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