La defensa del sindicalista Marcelo Balcedo se opuso a la extradición de sus clientes y su pareja, Paola Fiege, y denunció que el gremialista argentino sufre «persecuciones políticas» en su país.
Víctor Della Valle y Alejandro Balbi pidieron plazo para presentar testimonios que comprobarían sus argumentos. Asimismo, dijeron que de los cuatro testigos, tres se encuentran en Argentina, y entre ellos se encuentra la ex diputada Margarita Stolbizer.
De esa manera, la Justicia uruguaya pospuso una definición en torno a la extradición del sindicalista Balcedo y su pareja. La jueza María Helena Mainard definió que la nueva instancia se realizará el próximo 21 de febrero.
«Es imposible acceder (a la extradición) porque el juez (de Argentina) no tiene una imparcialidad total», subrayó Della Valle durante la sesión celebrada ayer en el juzgado de Crimen Organizado de Montevideo.
El abogado defensor aseguró que el juez de La Plata que solicitó la extradición de su cliente, Ernesto Kreplak, tiene una «actitud tendenciosa» contra el sindicalista a causa de las publicaciones realizadas en uno de los diarios propiedad de Balcedo.
La Fiscalía uruguaya, encabezada por Juan Gómez, explicó que en el caso de que haya tal «persecución política», hay que probarla. Además, aseguró que se han cumplido «con todos los requisitos» del tratado bilateral entre Argentina y Uruguay para hacer efectiva la extradición.
«Es absolutamente rechazable alegar motivos políticos», agregó la Fiscalía, que señaló que es necesario «respetar los mecanismos» de ambos países.
Además, señalaron que, en caso de que se dude de la imparcialidad del juez Kreplak, la Justicia argentina tiene los mecanismos necesarios para reemplazarlo en el caso.
Balcedo –detenido en la Cárcel Central de la capital uruguaya– y su pareja están requeridos en Argentina por liderar una asociación ilícita para perjudicar a los afiliados del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme).
La pareja fue detenida el 4 de enero pasado en su mansión «El Gran Chaparral» en Playa Verde, departamento de Maldonado, a pocos kilómetros de Punta del Este.
En este marco, tanto la Fiscalía uruguaya como los representantes de Argentina en la audiencia, coincidieron en que, aunque se apruebe la extradición, el traslado de los acusados se podría demorar ya que ambos tienen una causa abierta en Uruguay por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de armas y contrabando.
