7 de diciembre, 2017

AMIA: Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina Kirchner

El juez federal dictó el procesamiento de la ex presidente por traición a la Patria, encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial.

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, que denunció el fiscal fallecido Alberto Nisman.

 

 

En ese sentido, la ex presidente fue procesada por encubrimiento agravado, obstrucción de un acto judicial y traición a la Patria, que tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 25 años o reclusión perpetua.

 

 

Como Cristina cuenta en la actualidad con inmunidad parlamentaria tras ser electa senadora, Bonadio pidió su inminente desafuero que deberá ser analizado y avalado por dos tercios de la Cámara alta.

 

 

Para argumentar el pedido de desafuero y detención, el juez consideró que, debido a sus contactos, la líder de Unidad Ciudadana «puede entorpecer la causa» y porque tiene otras causas y procesamientos en trámite.

 

 

El magistrado –en una resolución de 600 páginas que será publicada en el Centro de Información Judicial– ordenó las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; el piquetero Luis D’Elía, el ex canciller Héctor Timerman, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro «Yussuf» Khalil y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

 

 

Bonadio comenzó una ronda de indagatorias el 17 de octubre, fecha en la que declaró el ex canciller Héctor Timerman, y terminó el 26 de ese mes con la declaración de la ex presidente. En el medio, fueron indagados también el espía Ramón Allan Bogado, el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y otros ex funcionarios kirchneristas.

 

 

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que permitiera dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.

 

 

El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno.

 

 

El medio elegido para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía, que iba a permitir por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado.

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