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24 de agosto, 2017
La Legislatura porteña aprobó un proyecto impulsado por el Ejecutivo para regular el precio de los alquileres y evitar que los inquilinos abonen la comisión correspondiente a las inmobiliarias (pasará a estar a cargo del propietario), además de los gastos administrativos. Se trata de una reforma a la ley 2.340 que, según la proyección del oficialismo, busca favorecer a más de 400 mil familias.
Como se preveía, el oficialismo y casi toda la oposición votaron en conjunto, y la votación terminó con 51 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra (se encontraban presentes 53 de los 60 diputados que componen la Legislatura porteña).
El debate sobre el proyecto impulsado por el oficialismo porteño empezó poco después de las 14, y a lo largo de las casi dos horas que duró, la presidente del cuerpo legislativo Carmen Polledo tuvo que interrumpir a varios oradores ya que distintas personas que estaban en el recinto gritaban y abucheaban en medio de los discursos.
Luego de que los legisladores aprobaran el proyecto, el titular de la organización Inquilinos Agrupados Gervasio Núñez aseguró que «los inquilinos vamos a dejar de pagar comisiones a las inmobiliarias por un servicio que les ofrecen a los propietarios«.
«Después de mucho insistir, de denunciar inmobiliarias, presentar proyectos de ley, participar de audiencias públicas, conversar con inquilinos, organizar charlas, talleres, festivales y de estar presentes en los medios de comunicación; logramos que el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de la Vivienda, impulse este proyecto en la Legislatura porteña», destacó.
«Casi 400 mil familias se verán beneficiadas. La amplia mayoría parlamentaria con la que fue aprobado el proyecto da cuenta de la necesidad que había de reglas más claras que permitieran un salto cualitativo en la forma de alquilar», aseguró el jefe del interbloque Vamos Juntos, Francisco Quintana.
«Durante el primer semestre, hubo un crecimiento del 43% en las escrituras de compraventa y del 142% en las operaciones con hipoteca. Con esta modificación, facilitamos también el acceso a la vivienda mediante alquiler», planteó Quintana.
En línea con las quejas que se escucharon a lo largo de toda la sesión, el Colegio Profesional Inmobiliario cuestiona a iniciativa al considerarla «arbitraria». «Tendrá como consecuencia el cierre de inmobiliarias con la afectación a sus empleados y familiares«, expresó la entidad en una solicitada publicada en los medios esta semana.
Entre otros puntos, el Colegio planteó que la iniciativa «violaría la ley y la Constitución«, ya que el «nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias que si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión… y presume que los servicios no son gratuitos».
«Cada vez que el Estado intervino el mercado las consecuencias fueron nefastas. Todavía estamos a tiempo de frenar este error», señalaron desde la entidad que agrupa a los corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires.
Cuando se presentó el proyecto, en julio de este año, el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, informó que se buscaba mejorar la forma de alquilar en la Ciudad para bajar los costos de acceso para los inquilinos, brindar asesoría legal permanente y gratuita, y a su vez darle a los dueños las herramientas para garantizar el cuidado de sus departamentos.
Según Inquilinos Agrupados, asociación que nuclea a un conjunto de inquilinos, la aprobación de esta norma implica «un logro que nos llevó mucho tiempo y que parecía inalcanzable, pero con la fuerza y el compromiso de todos nosotros lo hemos logrado«.
Uno de sus referentes, Gervasio Muñoz, expuso la semana pasada en el Parlamento, en el marco de una reunión técnica, y detalló: «Los colegios inmobiliarios bajo ningún punto de vista quieren que se creen las Defensorías de Inquilinos porque no quieren a nadie que los defiendan. Ahora se va a terminar el maltrato de las inmobiliarias para que el propietario nunca se haga cargo de las obligaciones, el ‘si no te gusta, andate‘; estamos muy atrasados en materia de política de vivienda para la gente que alquilamos».
«Es falso que genera la suba de los precios; que regular siempre fue malo para los inquilinos. Todo eso es malo», finalizó.
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