El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó una serie de allanamientos para profundizar la investigación sobre empleados y ex autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) acusados de destrucción de prueba y encubrimiento.
En total se ordenaron 10 allanamientos en Adrogué, San Francisco Solano, Lomas de Zamora, La Plata, Capital Federal y Vicente Lopez, que estuvieron a cargo de la Gendarmería.
Los empleados del SOEME habían sido denunciados por el fiscal federal de La Plata Hernan Schapiro y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
En ese sentido, el juez Kreplak decidió abrir una causa paralela para investigar el hecho y la mantuvo bajo secreto de sumario.
En total se escucharon seis teléfonos de una flota que estaba a nombre del gremialista Marcelo Balcedo; los audios exponen diversas maniobras para borrar pruebas y entorpecer la investigación, antes y después de las detenciones.
En una de las escuchas, del 29 de diciembre, cuando Balcedo ya tenía una orden de detención vigente y era observado de cerca por las fuerzas de seguridad, Andrea Carabajal, empleada del gremio, habla con una persona identificada como «Vanina» y le ordena sacar «todo lo que tenés en la máquina de San Juan y Mendoza».
El 2 de enero, 48 horas antes de la detención de Balcedo, otra vez aparece la idea de «borrar» información. En ese audio los que hablan con Carbajal y Diego Cataldi, supuesto empleado del contador que trabajaba junto a Balcedo.
«Che, escuchame, Dieguito, te hago una pregunta… Mirá que el contador me dijo que borres todo, todo, todo… O sea que si me decís que mandaste algo alguna vez, me lo vas a tener que mandar todo de vuelta», dice Carabajal.
En la causa principal, por lavado de dinero, sigue tramitando el pedido de extradición de Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege, aunque el magistrado argentino no descarta un pedido excepcional para que viajen a la Argentina a declarar y vuelvan a Uruguay para ser juzgados.