El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que el objetivo del proyecto de Reforma Judicial que el Ejecutivo enviará al Congreso será “organizar mejor la justicia federal”, a través de la unificación y duplicación de los juzgados federales para «superar la crisis de credibilidad».
En ese sentido criticó duramente el accionar de los juzgados durante el Gobierno de Mauricio Macri. «Los últimos cuatro años estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho», destacó en Casa Rosada.
Además sostuvo que «se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas» y a continuación lanzó: «De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados».
También recordó que al asumir el 10 de diciembre pasado señaló las“persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias influidas por quienes gobernaban”.
Minutos antes, en el inicio de su discurso sostuvo que «en la República, la vigencia del derecho reclama como indispensable que el sistema judicial se apegue a las normas y se abstraiga de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia».
Durante su exposición en el Salón Blanco de Casa Rosada, el mandatarioestuvo acompañado por los once integrantes del Consejo de asesores que estudiarán el funcionamiento de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal.
Además, se hicieron presentes la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros.
“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente», dijo Fernández y agregó que se buscará «organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal».
Según indicó el Presidente, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico”.
“Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero”, explicó.
El jefe de Estado indicó que la lógica de ampliación del número de juzgados se basó en “la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”.
A continuación, destacó la necesidad de «superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas» y consideró que estas fueron las causas para que «este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido».
Además, señaló que es «hora de unificar» en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
El Presidente indicó que para que el sistema comience a funcionar «cuanto antes» se prevé un sistema de subrogancias «que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas». En este sentido, sostuvo que en la designación intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes.
También, aclaró para que «nadie siembre dudas» que la conformación de esta nueva estructura judicial «en nada afecta el principio del Juez Natural». «La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando», añadió.
El proyecto dispone además la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, según lo determina la manda constitucional de 1994.
La iniciativa también propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo, al tiempo que propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.
