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Según anticipó el canal de noticias C5N, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo de una asociación de consumidores contra AySA y el Estado nacional, que había solicitado frenar el incremento.
La resolución fue adoptada en los últimos días antes de la feria judicial de verano por la Sala II de la Cámara, que a su vez confirmó el fallo del juez Pablo Cayssials donde se rechazó en primer término la medida cautelar interpuesta por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC).
Con estas medidas, la Cámara y el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 avalaron el aumento autorizado por el Gobierno de Cambiemos y ratificaron la vigencia de la Disposición 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, lo que implica que Cayssials defina la constitucionalidad o no del tarifazo.
La Disposición 62 fue firmada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Berciatura, que depende del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, que a su vez reporta al ministro Rogelio Frigerio.
Poco después de conocer la nueva normativa, el director general de AySA, Martín Heinrich, justificó el aumento y dijo que se trata de «un proceso de normalización tarifaria». «Estamos tratando de poner las cosas en un punto normal, volver a un sistema más equilibrado. Hoy Buenos Aires paga una cuarta parte de lo que se paga en el resto del país», indicó en abril del año pasado.
Heinrich también aclaró que definir la suba para cada hogar «es bastante complejo porque está asociado con el tamaño de la propiedad», pero remarcó que el incremento general será de 216,6%, con un máximo de 375%.
La causa comenzó con la presentación de una acción colectiva por parte de ADUC contra Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AYSA SA), y el Estado Nacional para que se dicte una medida cautelar que suspenda el aumento, se retome el cuadro tarifario anterior y que la empresa devuelva lo cobrado de más. También se pidió el dictado de la inconstitucionalidad del incremento.
El aumento regirá para los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, Escobar y San Martín.
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