11 de abril, 2025
La causa judicial por la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, sumó este viernes un nuevo capítulo. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a la jueza María Servini el levantamiento del secreto fiscal y bancario del primer mandatario, de su secretaria general de Presidencia, y de otros cuatro investigados en el expediente que ya tramita en Comodoro Py.
La medida alcanza también a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Daniel Morales. Todos ellos están siendo investigados en el marco de una causa por presunta estafa y uso de información privilegiada tras el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, cuyo valor se disparó tras un tuit del presidente Milei, para luego desplomarse abruptamente.
El pedido de Taiano se inscribe dentro de un legajo patrimonial paralelo que busca determinar si existieron movimientos financieros y fiscales irregulares entre los acusados. La fiscalía solicitó además asistencia al área especializada en investigación patrimonial para elaborar una propuesta de medidas y poder analizar en detalle la evolución de los bienes de los involucrados desde 2023 hasta hoy.
La maniobra bajo sospecha habría permitido que los principales tenedores del token –allegados al proyecto y presuntamente con acceso a información privilegiada– retiraran unos 100 millones de dólares poco después del salto inicial en la cotización. La moneda virtual, lanzada con un precio base de un centavo de dólar, llegó a cotizar cerca de cinco dólares tras el tuit del presidente, antes de desplomarse por ventas masivas.
Según fuentes judiciales, se analiza si estas operaciones configuraron una estafa con impacto en miles de inversores. La causa también contiene otra denuncia de alto voltaje político: la acusación de que Karina Milei habría actuado como intermediaria o “valijera” del Gobierno, cobrando presuntas coimas para gestionar entrevistas con el presidente.
La investigación se encuentra formalmente delegada en la fiscalía de Taiano, aunque medidas como el levantamiento del secreto bancario y fiscal requieren autorización judicial. La jueza María Servini será quien defina si habilita el acceso a la información solicitada.
La causa por $Libra había comenzado en la justicia federal de San Isidro, bajo la órbita de la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero la Cámara de Apelaciones de San Martín resolvió trasladarla a los tribunales porteños de Comodoro Py. En esa resolución, los camaristas consideraron que en la Capital Federal se contaba con mejores condiciones procesales para investigar todos los hechos denunciados y no solo un fragmento.
De este modo, el caso avanza sobre dos líneas principales: por un lado, la presunta estafa con criptomonedas y el eventual uso de información privilegiada; por otro, posibles irregularidades en la gestión del entorno presidencial. En ambos ejes, el análisis patrimonial de los principales investigados será clave para delimitar eventuales responsabilidades penales.