La actual gestión busca endurecer las penas; mientras tanto, la Policía de la Ciudad realiza operativos específicos en zonas de mayor congregación de cuidacoches y en el contexto de eventos masivos
En un nuevo intento por erradicar la figura de los «trapitos», el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una estrategia renovada para combatir la actividad ilegal de quienes exigen dinero por el cuidado de autos estacionados en la vía pública. Esta problemática, que afecta a vecinos y turistas en distintos barrios porteños desde hace años, vuelve al centro del debate con una propuesta que combina tecnología, presencia policial y nuevas sanciones.
Según fuentes oficiales, la iniciativa forma parte de un plan integral de seguridad y ordenamiento urbano, y tendrá como ejes principales el refuerzo del control policial en zonas críticas, la implementación de cámaras de vigilancia en sectores identificados con mayor presencia de cuidacoches ilegales, y la creación de un registro ciudadano para denunciar estos casos en tiempo real a través de una aplicación móvil.
“El objetivo es claro: terminar con las mafias de trapitos que actúan con total impunidad, sobre todo en eventos masivos y zonas de alto tránsito nocturno”, afirmaron desde el Ministerio de Seguridad porteño. En paralelo, la Legislatura de la Ciudad retomará el debate sobre un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes ejerzan esta actividad sin autorización, con multas más severas y posibilidad de arresto.
Los operativos ya comenzaron en zonas como Palermo, Núñez, Recoleta y el Microcentro, donde la presencia de cuidacoches suele ser más visible durante espectáculos deportivos y recitales. Allí, agentes de la Policía de la Ciudad están actuando de manera conjunta con personal de Espacio Público para liberar las calles y garantizar el derecho de los ciudadanos a estacionar sin ser extorsionados.
Desde organizaciones vecinales celebraron la medida, aunque reclamaron que no se trate de una “solución pasajera” y exigieron un seguimiento sostenido en el tiempo. Por su parte, defensores de derechos civiles advierten sobre la necesidad de distinguir entre organizaciones delictivas y personas en situación de vulnerabilidad que recurren a esta práctica por falta de alternativas laborales.
Con esta nueva estrategia, el gobierno porteño busca saldar una deuda pendiente con los vecinos: recuperar el espacio público y garantizar el respeto por la ley, sin ceder ante presiones o complicidades históricas.