Como se esperaba, el presidente Alberto Fernández confirmó que “dentro de los próximos 10 días” el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, en sintonía con los reclamos de las agrupaciones que promueven el aborto “seguro, legal y gratuito”, el cual además estará acompañado de un fuerte plan de educación sexual y un programa de asistencia a las personas gestantes embarazadas y tras el nacimiento.
“El Estado debe acompañar a todas las mujeres. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921 la legislación penaliza a las mujeres. La existencia de la amenaza penal no sólo no ha sido eficiente sino que ha obligado a las mujeres a recurrir a la ilegalidad. El aborto es un hecho. Un Estado presente debe cuidar a los ciudadanos en general y a las mujeres, El aborto sucede, es un hecho. Solo la hipocresía nos lleva a un estado como este”, argumentó el jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias.
Con esta decisión, Alberto Fernández enviará el proyecto de ILE en los próximos días en cumplimiento de lo que fue uno de los temas que abordó durante la campaña que lo llevó a la presidencia. En ese marco, dijo que “en el Siglo XXI toda sociedad debe respetar la decisión individual de las personas”.
Sin embargo, el primer mandatario evitó dar detalles de la iniciativa. Uno de los puntos más controvertidos es el de «objeción de conciencia«, según el cual los trabajadores de la salud pueden negarse a realizar dicha práctica. Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como desde las agrupaciones que se autodenominan «a favor de las dos vidas», rechazan este punto.
El proyecto del Gobierno que legaliza el aborto estará acompañado por “un contundente programa de Educación Sexual Integral”, según afirmó Alberto Fernández.
Pero además, indicó que enviará el denominado «proyecto de los mil días de cuidado y atención» estatal para las mujeres de bajos recursos, desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño en gestación, y defendió la idea de un Estado «activo» en los «momentos trascendentales de la familia”.
