La directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, señaló este lunes a “varios sectores de la política” como uno de los obstáculos por los que el Congreso Nacional no permitió el tratamiento de la Ley de Extinción de Dominio, promovida por el gobierno de Mauricio Macri.
“Yo fui legisladora”, dijo Alonso y continuó: “Cuando los legisladores empiezan con los tecnicismos es porque no quieren aprobar una ley. Porque cuando se quiere sacar una ley, siempre sale rápido”.
Refiriéndose al caso de la expresidenta Cristina Kirchner, apuntada en la trama de los Cuadernos de las Coimas, Alonso dijo que no sabe “si Cristina Kirchner va a ir presa, pero sé que va a terminar sin un solo peso. Con esta nueva medida vamos a sortear la mala praxis de varios jueces federales para investigar el enriquecimiento ilícito”.
«El 2 de agosto de 2016 el Congreso empezó a discutir la ley del arrepentido y en paralelo la ley de extinción”, sostuvo la funcionaria,y continuó: “La primera se aceleró por la aparición de los bolsos de López, pero esta ultima no la quisieron aprobar porque había intereses políticos. Hasta que salió el DNU, un sector de la política no quería aprobar la ley”.
«El DNU viene a extinguir la propiedad sobre el dinero o los bienes”, explicó Alonso en el programa Desde el llano, de Joaquín Morales Solá. “Se dispara una acción civil, que no tiene nada que ver con la acción penal, y va en contra de los activos de origen ilícitos. Si alguien no puede explicar con qué dinero compró un bien, se le va a extinguir el dominio sobre la propiedad que el acusado dice tener”.
Según Alonso, la ley «no es un invento argentino, es algo que ya sucede en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Colombia, en Italia ha sido una de las herramientas fundamentales para ir contra los capitales de la mafia».
Sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Macri, Alonso dijo que “no existe para que EE.UU. llegue antes que nosotros a incautar bienes” y “lo que está en otra jurisdicción corresponde a otra jurisdicción, sea cual sea».
Además, explicó que el DNU tendrá vigencia entre tanto el Congreso no apruebe la ley: “En 2017, en una reforma del presidente Macri, que amplió los objetivos de la Oficina Anticorrupción, nos dio la atribución de iniciar acciones civiles para recuperar activos de la corrupción. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte y ojalá los fiscales y jueces civiles nos acompañen”.