Los camaristas federales Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ordenaron ayer la prisión preventiva del ex funcionario Roberto Baratta, que era el número dos del ministro Julio De Vido, pero no solicitaron su inmediata captura.
En ese sentido, pospusieron la detención hasta que quede «firme» su fallo, algo que podría llevar tiempo si Baratta pidiera que la decisión sea revisada por la Cámara de Casación.
Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, está acusado de haber defraudado al Estado con los fondos destinados a la mina de carbón de Río Turbio.
El juez Luis Rodríguez había procesado a Baratta y a otros acusados, pero, en contra de lo pedido por el fiscal Carlos Stornelli, había dispuesto que Baratta siguiera el proceso en libertad.
El exfuncionario estuvo preso en la causa en que se investiga la compra de buques con gas licuado, por orden del juez Claudio Bonadio, pero la Cámara Federal lo liberó el 8 de marzo.
Ayer, la Cámara confirmó los procesamientos dictados en este expediente y dispuso las prisiones preventivas de Martín Goicoechea, Hugo Sánchez y Atanasio Pérez Osuna, actual intendente de Río Turbio, preso por otra causa.
La Sala II está formada por Irurzun y Farah. Como no estaban de acuerdo, debieron convocar como tercer juez a Bruglia, que, al igual que Irurzun, votó por la prisión preventiva de Baratta.
En su defensa, Baratta había dicho que él solo representó a De Vido en la firma del convenio marco, pero para los jueces está demostrado que tuvo «un rol trascendental» en todo lo vinculado con el yacimiento.
En su voto en disidencia, Farah sostuvo que «sin soslayar el volumen de los fondos involucrados» ni «las dificultades» que tuvieron los investigadores, él creía que eran suficientes las restricciones y las cauciones que pesaban ya sobre Baratta, Goicoechea y Sánchez, y que no era necesario detenerlos.