Procesaron a Ricardo Echegaray por contrabando agravado

El juez penal económico Diego Amarante procesó ayer al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray por contrabando agravado, por haberle dado una franquicia impositiva a un funcionario de Taiwán para que ingresara al país un auto de alta gama sin pagar impuestos.

Es el cuarto procesamiento contra Echegaray y el primero que le cuestiona su gestión como director general de Aduanas.

El Mercedes-Benz E 350 cero kilómetro de Chun Teh Hsieh entró a la Argentina en 2007. Según el juez, el funcionario taiwanés -a quien también procesó- recibió un tratamiento aduanero y fiscal más favorable al que le correspondía.

El fallo de Amarante sostiene que, a pesar de que era el máximo representante de Taiwán, como «la Argentina no mantiene relaciones diplomáticas» con ese país, Chun Teh Hsieh no tenía derecho a ningún beneficio. Su cargo era -y sigue siendo- de representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en la Argentina.

Según el juez, todo el trámite para el otorgamiento de la franquicia fue irregular. Lo concedió quien no tenía potestades para hacerlo, en contra del organismo que debió haber intervenido (que era la Dirección Nacional de Ceremonial de la Cancillería) y en favor de quien no podía recibirlo.

Cuando declaró como acusado en este expediente, Chun Teh Hsieh dijo que su oficina «no tiene el estatus oficial de misión diplomática» porque la Argentina no reconoce a la República de China, pero que sí «tiene el tratamiento equivalente a un organismo público internacional».

«Pertenezco al servicio diplomático de mi país con el rango de embajador», afirmó. Dijo además que el auto lo tuvieron hasta 2017 y que siempre fue de «uso oficial de la oficina».

Fuentes de la defensa de Echegaray adelantaron que van a apelar el fallo, que consideran «arbitrario» e «injusto». «No se trata de un auto para un particular, sino para una oficina consular que cumple funciones. No hay papeles truchos. Todo es transparente», dijo una fuente cercana a Echegaray.

Amarante procesó al exfuncionario por «contrabando agravado» y ordenó un embargo sobre sus bienes de cinco millones de pesos. Sin embargo, admitió que «el episodio que se le reprocha» es de «baja entidad». Ese fue uno de los argumentos para no detenerlo. Los otros fueron el tiempo transcurrido desde los hechos (más de diez años) y la falta de un ánimo de lucro detrás de la decisión de Echegaray. «No existen indicio o sospecha alguna de que hubiere actuado motivado por ánimo de lucro u otra motivación de análoga naturaleza», afirmó el juez.

De todos modos, para evitar que pudiera fugarse, lo obligó a que se presente en el juzgado dos veces por mes y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por períodos de más de 72 días sin aviso previo.

Además le fijó una caución real de un millón de pesos que Echegaray debe «integrar» en los próximos diez días «bajo apercibimiento de disponerse su prisión preventiva y ordenarse su inmediata captura». Como pesa sobre Echegaray una inhibición general de bienes ordenada por el juez federal Julián Ercolini, deberá conseguir a alguien que cubra esa caución por él.

En contra de Echegaray, Amarante consideró que nunca apareció la documentación original con la que se pidió la franquicia y afirmó que «se cuenta con sobrados indicios que indican que el encartado Ricardo Echegaray accedió, por canales informales, a esa precisa documental que ha sido sustraída del conocimiento de esta judicatura».

También destacó que Echegaray «registra otros procesos penales en curso, la mayoría de ellos con relación a sucesos presuntamente ilícitos de suma gravedad».